CEOE exige medidas laborales urgentes y suspender el pago de cotizaciones para evitar la quiebra de empresas

Las patronales instan también al Gobierno a fijar avales públicos para creditos a empresas y agilizar los ERTE

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La declaración del estado de alarma ha llevado al cierre automático de comercios y negocios Belén Díaz

El confinamiento de la ciudadanía y el cerrojazo comercial derivados de la declaración del estado de alarma con que el Gobierno trata de contener la propagación del coronavirus ha provocado una parálisis automática de la actividad económica en España. Una situación que amenaza con asfixiar a las empresas, que sin ingresos no serán capaces de afrontar pagos, y destruir empleo, y ante la cual el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos todavía no ha aprobado ninguna medida. En ese contexto, la CEOE y Cepyme instan al Gobierno a «poner en marcha mecanismos útiles y rápidos que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a las pymes y a los autónomos, para evitar su quiebra inmediata y que puedan mantener la actividad protegiendo el empleo».

«La situación de excepcionalidad económica por el Covid-19 exige una respuesta amplia desde las instituciones nacionales y desde la UE», señalan las dos grandes patronales en un comunicado conjunto, en el que plantean al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que ha anunciado un plan de choque para la economía pero que aún no lo han aprobado , una serie de medidas económicas para paliar el impacto del coronavirus en la actividad.

Los empresarios reclaman medidas urgentes de índole laboral, como se recoge en el acuerdo suscrito entre las propias patronales y los sindicatos, en especial la simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con efecto retroactivo y el reconocimiento en situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su presentación. De hecho, las empresas afectadas por la parálisis de la actividad ya han comenzado a preparar e incluso a presentar ajustes temporales de empleo .

Aligerar las cargas fiscales

Las empresas también proponen al Ejecutivo que se aligeren las actuales cargas tributarias y costes laborales para afrontar esa dificultad de liquidez que van a atravesar. Así, la CEOE y Cepyme abogan por suspender la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa y que los trabajadores, por su parte, puedan acceder a la protección por paro sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio del reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo. «Consideramos también imprescindible facilitar la realización del teletrabajo entendiendo por cumplida la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada por el propio trabajador», añaden las patronales.

La CEOE y Cepyme solicitan también que entre esas medidas se aplacen y fraccionen de manera automática y sin intereses por un plazo suficiente todos los pagos tributarios que tengan que realizar las empresas que hayan sufrido de forma significativa una caída en sus ingresos o un incremento de los gastos en 2020 por el Covid-19. «En este sentido, el colectivo de los autónomos se encuentra en una situación especialmente difícil que requiere también una suspensión de las cotizaciones sociales, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario», añaden.

Uno de los grandes desafío para las empresas será afrontar los pagos en un contexto de caída drástico de los ingresos, lo que puede generar un grave problema de liquidez y, en función de tiempo que dure el confiamiento, un problema de solvencia. Por ello las patronales consideran «absolutamente necesario y urgente» para garantizar el mantenimiento del tejido productivo del país poner en marcha una línea de avales públicos suficiente que facilite el acceso al crédito por parte de las empresas , especialmente de pymes y autónomos, y que las Administraciones públicas abonen de inmediato a sus proveedores las facturas pendientes y las que reciban, sin siquiera agotar los plazos que fija la ley de Morosidad, así como que se aceleren las devoluciones tributarias pendientes.

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