MAYA BALANYA

«La Ley no ha satisfecho las expectativas de los profesionales»

Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, cree que la auditoría es imprescindible para que se mantenga la confianza en las transacciones económicas

MADRID Actualizado: Guardar
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Es el representante oficial del sector de la auditoría en España y, desde luego, tiene las cosas muy claras en relación a la nueva regulación que afecta al sector desde el mes de junio. Cree que no está a la altura de los retos que tiene planteado el sector en aras de garantizar por ejemplo la independencia del auditor, uno de los elementos clave de la ley.

—¿Qué opina de la nueva ley de Auditoría que entró en vigor el pasado mes de junio?

—No ha satisfecho las expectativas de los profesionales y afecta negativamente a las empresas auditadas. La razón de esta decepción hay que encontrarla en que su gestación. Se realizó a espaldas del sector; sin considerar los procesos normativos que se estaban realizando en el resto de los estados de la Unión Europea; sin el consenso de los grupos parlamentarios que no consiguieron que se aprobara, ni siquiera, una de las 300 enmiendas presentadas; y sin escuchar a otros grupos de interés, ni a otros reguladores.

Por tanto, los objetivos de la reforma europea en materia de auditoría: mejora de la calidad, la transparencia y la gobernanza de las firmas; abrir el mercado y reducir su concentración e incrementar la convergencia con Europa, no se van a conseguir con la ley española.

—Ha levantado mucha polémica entre los profesionales. ¿Cuáles son las principales razones?

—La más importante es la inseguridad jurídica que genera, fundamentalmente en la regulación de la independencia. La norma es en muchos casos ininteligible o imposible de cumplir. Además, nos aleja de Europa en muchos de sus planteamientos. Por otra parte, la ley extiende los requisitos previstos para los informes de auditoría de las Entidades de Interés Público (EIP) a todo tipo de entidades, desnaturalizando de forma injustificada la diferencia entre ambos, en contra de la normativa de los países de nuestro entorno, algo que perjudicará gravemente a las empresas auditadas. Podemos citar otras muchas cuestiones como la desproporción establecida entre conductas infractoras y sanciones, la falta de consideración al juicio profesional, o el incremento artificial de cargas burocráticas para auditores y auditados.

—¿Cómo afecta al control de las cuentas el hecho de que las empresas estén cada vez más tecnologizadas y tengan un negocio más global?

—La auditoría se encuentra en un momento de cambios relevantes. La tecnología condiciona en gran parte esta evolución. Cuestiones como el big data, la inteligencia artificial o los métodos de análisis predictivo van a modificar extraordinariamente nuestra forma de trabajar. Además, las empresas operan en un mundo global y la auditoría tiene que acompañarlas allí donde intervengan. Por otra parte, la información no financiera cada vez tiene más importancia y el auditor tiene que estar preparado para validarla.

—¿Cómo se detecta que la información que está proporcionando una empresa es fiable?

—Las técnicas de auditoría permiten dar una opinión con una seguridad razonable de que sus cuentas se corresponden con la realidad económica-financiera de una entidad, en función de unos principios generalmente aceptados. Pero los auditores no somos detectives. En nuestro alcance no está la búsqueda de fraudes o irregularidades de todo tipo, aunque obviamente en muchos casos se detectan. Nuestra misión es mucho más cercana a la prevención, a la vigilancia de que no se produzcan malas prácticas.

—¿cree que con esta nueva norma el sector recuperará el prestigio perdido en parte con la actuación de algunas auditoras en casos como el de Bankia o Gowex, entre otros?

—No creo en absoluto que el sector haya perdido prestigio. En España se emiten al año 60.000 informes de auditoría y se puede contar con los dedos de una mano los casos en los que se ha podido cuestionar el trabajo del auditor.La auditoría es un instrumento imprescindible para que se mantenga la confianza en las transacciones económicas y en la inversión, y genera un inmenso beneficio económico, social y de sostenibilidad. Por supuesto que, como ocurre en cualquier profesión, tenemos margen de mejora, y en ello estamos trabajando continuamente.

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