La morosidad de la administración, una factura todavía pendiente

La crisis de las arcas públicas que se desencadenó en los últimos años se trasladó a las empresas en forma de recibos sin pagar por parte de miles de proveedores. En 2011, regiones y municipios desmigajaron un reguero de ocho millones de facturas pendientes a casi 200.000 empresas ocultas en los cajones de las administraciones territoriales. Una montaña de deuda que alcanzó su cima en 2011, con más de 81.000 millones de euros pendientes de pago a empresas (un 8,1% del PIB, según el Banco de España). Las regiones y los municipios eran los principales morosos.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, los proveedores cobraban de la Administración con una media de 162 días de retraso.

Para atender las necesidades de las empresas, y ante las protestas de colectivos sin cobrar como las farmacias en Cataluña, el Ejecutivo desplegó el Plan de Pago a Proveedores: una catarata de financiación que permitió saldar 41.800 millones de euros en facturas pendientes, lo que benefició a 190.800 empresas. Además, puso en marcha los mecanismos de liquidez para comunidades autónomas y ayuntamientos, que movilizaron otros 130.000 millones a través de préstamos a bajo coste.

A esta inyección de liquidez a través de varios cauces, se le sumó un mayor control mediante la Ley de Estabilidad. El texto prevé que el Estado podrá retener la financiación a aquellas comunidades autónomas que superen los 60 días de periodo medio de pago a sus proveedores para que el Estado salde sus deudas directamente. Este contador se activa a partir de los 30 días de retraso que marca la Ley de Morosidad y tiene el cuenta el momento en el que se presenta la factura adeudada. Desde 2014 el Gobierno publica estos datos desagregados por administraciones.

Esta batería de medidas fue positiva en su momento y logró aliviar a numerosas empresas. Sin embargo, ninguna de las dos ha logrado erradicar por completo el problema. El pasado mes de noviembre, el periodo medio de pago alcanzó su nivel máximo entre comunidades autónomas y ayuntamientos desde que comenzaron a publicarse los datos de Hacienda en septiembre de 2014. Mientras las regiones pagan a 61 días (91 días reales), los municipios lo hacen a 49 (79 reales). Es decir, en ambos casos el sector público paga a más del doble de lo que marca la Ley de Morosidad.

Si bien las comunidades son las administraciones que pagan más tarde, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad alerta sobre los ayuntamientos, que han aumentado sus retrasos entre 2014 y 2015 un 40%. Entre los incumplidores hay sospechosos habituales. Aragón (que en noviembre tenía un periodo medio de 99 días) y Extremadura (138), por ejemplo, encadenan quince meses superando los plazos que marca la ley sin que el Ministerio de Hacienda haya tomado medidas, más allá de advertirles por carta.

En ambos casos, las regiones estaban pendientes en noviembre de recaudar los fondos extra de liquidez autonómica que el Estado transfirió en diciembre para así pagar a sus proveedores. Algo parecido ocurre en todas las administraciones. Al analizar la evolución de las deudas públicas a proveedores, las comunidades pagan o dejan de hacerlo según reciban financiación del Estado. Por ello, la situación de las empresas con deudas pendientes de las administraciones territoriales depende de los mecanismos de liquidez del Estado. Fondos que el Gobierno aprobó en 2012 de forma extraordinaria, pero que se han convertido en estructurales.

El ministerio podría haber retenido ya la liquidez a Aragón y Extremadura para pagar a sus proveedores hace meses y así se lo avisó en sendas cartas enviadas en septiembre. Desde el ministerio apuntan que en los próximos datos de diciembre y, sobre todo, enero se reflejará una caída en el periodo de pago por la mayor liquidez de las regiones, ya que el ministerio pagó a las comunidades 7.000 millones de fondos extraordinarios el pasado 16 de diciembre.

Fuentes de Hacienda señalan que desde entonces les consta, a través de la plataforma de facturas electrónicas del ministerio –implantada en 2015–, que las regiones están saldando sus deudas con los proveedores. "Este sistema ha facilitado mucho las cosas, ya que permite supervisar la trazabilidad de las facturas", describe el presidente de la Plataforma contra la Morosidad, Antonio Cañete. Por ejemplo, este modelo fue el que permitió a Hacienda verificar que Cataluña estaba pagando a las farmacias cuando le impuso controles para transferirle liquidez hace unos meses.

Cambio político

Como fuere, tanto en el caso de Aragón como el de Extremadura, los comicios del año pasado se tradujeron en un cambio de color político en sus gobiernos, pero ni con el PP –que gobernaba antes de mayo de 2015 en ambas regiones– ni con PSOE-Podemos –que lo hacen ahora– han conseguido pagar en hora. La morosidad de las administraciones va más allá de partidos políticos.

Entre las regiones que más tarde pagan según la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) las hay gobernadas por el PP (Murcia, que paga con 134 días de retraso), PSOE-Podemos (Baleares con 124 o Valencia, con 118, además de Aragón y Extremadura) o independentistas (Cataluña, 102 días). Al observar el ranking de ayuntamientos que peor pagan (ver gráfico), los hay de todos los partidos. Pese a ello, según ATA desde las elecciones del 25 de mayo la deuda comercial de las comunidades y los ayuntamientos ha pasado de los 10.600 millones a 14.700 millones.

Los proveedores también denuncian que la Ley de Morosidad no tiene regimen sancionador. De esta forma, el incumplimiento no tiene consecuencias. Uno de los mecanismos que abrió Hacienda para facilitar el pago a los proveedores fue que las empresas, si denuncian a las administraciones que les adeudan pagos, puedan deducirse estas cantidades en el IRPF o en Sociedades. Sin embargo, las consecuencias en forma de falta de contratos futuros provocan que pocas empresas se atrevan a llevar a una administración a los tribunales.

El próximo Gobierno deberá resolver el tema de la morosidad pública. La reforma del modelo de financiación territorial debería permitir a comunidades perjudicadas contar con más fondos, endureciendo en todo caso el control sobre las administraciones. Hasta entonces, los pagos seguirán llegando a deshora y hacer negocios con la Administración continuará siendo una profesión de riesgo.