¿Es legal que el banco obligue a contratar un seguro para conceder una hipoteca?

Teresa Sánchez Vicente

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14/07/2020
Actualizado 16/07/2020 a las 08:51h.

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La banca sigue imponiendo la contratación de productos vinculados para conceder un crédito tras la aprobación de la Ley Hipotecaria. Así, en el 59% de los casos, la suscripción del seguro fue una condición necesaria para formalizar la concesión del préstamo . La proporción aumenta al 74% cuando se trata de créditos hipotecarios y baja hasta el 53% en el caso de los préstamos al consumo. Por contra, apenas un 39% de los encuestados afirma que la contratación de una póliza no fue un requisito impuesto por el banco. Esta son algunas de las conclusiones que se extraen del Estudio sobre la contratación de seguros vinculados a hipotecas y préstamos realizado por el Consejo General de Colegios de Mediadores, a través de su Escuela de Negocios, CECAS, y la empresa de investigación de mercados GAD3.

Durante la presentación, el presidente de la Escuela de Escuela de Negocios de Seguros, CECAS, Javier Barberá reveló que seis años después de su primer estudio sobre esta situación han comprobado que «la situación se mantiene e incluso se vinculan nuevas ramos de seguros que poco o nada tiene que ver con el crédito, como las pólizas de automóvil . Desde hace tiempo los mediadores hemos detectado prácticas comerciales abusivas e ilegales en la venta de seguros por parte de la banca que van contra la libertad de los clientes y la competencia, aprovechando su posición dominante».

A este problema se une el hecho de que los clientes apenas tienen margen para comparar ya que un 60% de los encuestados visitaron solo de dos a cuatro bancos antes de tomar una decisión y en dos de cada tres casos (66%), los bancos no informaron de la posibilidad existente de contratación de dicho seguro en otra empresa aseguradora. Respecto al tipo de productos comercializados junto a estos préstamos, la encuesta de los mediadores de seguros destacan los de vida (72%), seguidos de los hogar (59%) y el peso creciente de los de automóviles, que ya se sitúan en el 20%.

A la hora de desgranar las conclusiones, los intervinientes remarcaron la importancia de que el consumidor conozca sus derechos y recordaron que la ley solo obliga a contratar un seguro contra los daños derivados de un incendio en el caso de que una vivienda cuenta con una hipoteca. Pero, el cliente tiene libertad para elegir otra compañía aseguradora sin que la imponga la entidad financiera. «La banca es un canal de venta de seguros perfectamente legal, lo que pedimos es que las reglas del juego sean iguales para todos», añade Barberá.

El consumidor también debe saber que el importe a pagar por la prima del seguro suele ser mayor si se contrata directamente con el banco. En base a los datos de los mediadores, la prima media de una póliza contratada en una entidad es un 79% superior al de las aseguradoras y, además, en muchas ocasiones, se ofrecen unas coberturas por encima de las necesidades reales de quien contrata. «Si el usuario lo hace a través de un producto bancario, seguramente, le saldrá más caro, lo mantendrá más tiempo y además, no se ajustará perfectamente a las necesidades que tiene el cliente con la cobertura que le han ofrecido», advierte Barberá.

Por otro lado, algunos bancos siguen bonificando a los clientes con descuentos en los tipos de interés si contratan productos vinculados, una práctica permitida siempre y cuando no sea obligatoria. Asimismo, desde algunas entidades pueden exigir que se suscriba un seguro de vida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del préstamo, aunque la norma permite que se firme con otra empresa diferente.

Asimismo, durante la pandemia, desde el Consejo General de Colegios de Mediadores han detectado otras prácticas «abusivas» como el ofrecimiento de pólizas a clientes que han pedido créditos ICO vinculados a ayudas para paliar los efectos de la crisis originada por el coronavirus». «Determinadas entidades sugieren, cuando no exigen, la contratación de un seguro para conceder estas ayudas», denunció Barberá durante la rueda de prensa.

En la misma línea, la presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), Patricia Suárez, avanzó a ABC que a algunos usuarios se les ha exigido la suscripción de cuentas bancarias como requisito para acceder a los préstamos para el arrendamiento durante el estado de alarma. «Algunas entidades han obligado a los solicitantes a abrir una cuenta como requisito para recibir la ayuda del ICO. Para más inri, hay gente que se ha abierto la cuenta y que después se ha quedado sin el préstamo», explicó Suárez.

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