Especial Infraestructuras
Julián Núñez: «España es atractiva para la inversión, pero no hay proyectos por falta de voluntad política»
El presidente de Seopan, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras, defiende que España necesita tener claras sus prioridades de inversión para avanzar hacia los retos del futuro
Desde la patronal que preside Julián Núñez - Seopan - se lanzan constantes mensajes para alertar de la necesidad que el país tiene de definir las prioridades en infraestructuras. «Las infraestructuras son materia de Estado, están por encima de cuestiones políticas», subraya. Cree necesario poner el foco en el beneficio social que producen y analizar la inversión a largo plazo, con modelos de colaboración público-privados.
Constructoras e ingenierías piden un pacto nacional de infraestructuras para acometer más de 800 actuaciones prioritarias en España. ¿Qué hace falta para conseguirlo?
Hace falta acuerdo de los distintos partidos porque, en realidad, las infraestructuras no tienen una naturaleza política, tienen un nexo de unión, el beneficio social, que es estimular el desarrollo económico y social y todas las formaciones políticas están a favor de hacerlo. Es una de las cuestiones principales que defendemos. Ese acuerdo pasa por trabajar una serie de elementos (primero, identificar cuáles son las prioridades, analizar y establecer un diagnóstico). Hemos identificado cinco prioridades: las infraestructuras del ciclo integral del agua, las de protección del medio ambiente, las de movilidad y accesibilidad de los ciudadanos, las de equipamiento público y el mantenimiento de las ya existentes.
Las más de 800 actuaciones prioritarias suponen 114.000 millones de euros de inversión. ¿Por dónde empezar?
Por la movilidad, el agua y la protección del medio ambiente. En las prioridades de la nación intervienen varios elementos. La protección social, la salud y la educación son las prioridades nacionales y hay que invertir más en ellas, con modelos que nos permitan dar respuesta a las necesidades de la población y a las propias de infraestructuras con beneficio social. En este sentido destaca la colaboración público-privada. Queremos tener empresas que paguen impuestos, cotizaciones... porque con todo eso construímos el país. Si vemos lo que se hace en otros países con este tipo de modelo público-privado encontramos a EE.UU. con 384 proyectos, Reino Unido con 294, Canadá con 214… y España con 89.
«Las infraestructuras no tienen una naturaleza política, tienen un nexo de unión, el beneficio social»
¿Y por qué en España no funciona tan bien este modelo?
Porque no tenemos desarrolladas las prioridades de inversión. Por eso no podemos pasar a la siguiente fase, la de decidir el modelo. ¿Qué debemos priorizar? En nuestro informe tenemos identificadas dichas prioridades. En España, desde 2012, el modelo concesional ni está ni se le espera y es el que más falta hace. Necesitamos voluntad política. En el mundo hay anualmente más de 80.000 millones de dólares de fondos institucionales que buscan activos de titularidad pública que les garantice rentabilidad razonable en el medio y largo plazo. España sigue siendo un país atractivo para los inversores, pero no tenemos proyectos encima de la mesa por la ausencia de identificación de prioridades y voluntad política. El debate político debe estar en el beneficio social que producen las infraestructuras. Tenemos la suerte de tener un tejido empresarial muy competitivo en todo el mundo y hay que aprovecharlo.
Las infraestructuras del agua son una de las prioridades en un país donde la agricultura tiene un gran peso
Efectivamente, España presenta una serie de singularidades. Somos el tercer mayor consumidor de Europa de agua en alta, debido al peso del sector agrario. El de mayor índice de «estrés hídrico» de los grandes países europeos y el único incapaz de reducirlo. La superficie bajo «estrés hídrico» es aquella donde la demanda de agua supera al 40% de los recursos totales disponibles. En España, en el 72% de nuestra superficie la demanda de agua supera el 40%. En otros países han ganado superficie hídrica estimulando la agricultura. Tenemos unas necesidades de inversión a corto plazo en torno a los 12.000 millones de euros y de ellos, más de un tercio son infraestructuras de naturaleza básica (si no se realizan, nos sancionan). Y más allá de las multas, es una cuestión de salud pública en un país que recibe mucho turismo.
¿Y en lo que se refiere a la protección del medio ambiente?
Básicamente en el tratamiento de residuos. La media de la inversión por habitante en 2017 en la UE fue 1,8 veces la de España (Francia destina 3 veces más). España genera 21 millones de toneladas al año de residuos sólidos urbanos y un 60% acaban en vertederos, cuando la media en Europa de las principales economías es el 29%. Es una prioridad de inversión que no está en el debate público aunque hay casos puntuales, una cuestión sujeta a sanciones. Y no estamos haciendo bien los deberes.
Ha hablado también de la necesidad de mejorar la movilidad...
Tenemos que potenciar y recuperar las inversiones en el transporte público: actuaciones de cercanías ferroviarios con más de 450 millones de pasajeros, de metro... La ausencia de presupuesto lleva a la ausencia del debate político... Hay mucho que hacer. Si hablamos de equipamientos públicos, un ejemplo es el de las infraestructuras de educación: la media de inversión pública europea es 2,2 veces superior a la de España, y Francia y Alemania destinan cuatro y tres veces más. No puede ser una excusa no tener infraestructuras porque no hay dinero público.
¿Preocupa el estado de algunas infraestructuras?
No es alarmante, sí preocupante. Probablemente el ferrocarril y las carreteras convencionales son las que más han sufrido. Lo que ha pasado en España es que estamos en niveles de inversión de hace 30 años. La inversión pública en Europa 2019-2020 es de 142.000 millones de euros y España tiene 52.000 millones de euros. Hemos recortado la inversión publica, lo que también afecta a la conservación.
«La ausencia de presupuesto lleva a la ausencia del debate político... Hay mucho que hacer»
¿Qué impacto tiene este sector en la economía y en la creación de empleo?
Enorme, un 92% de generación de actividad económica inducida (retorno fiscal del 49%), es el sector que menor cuota requiere para su ejecución, un 9% y tiene una importante inducción de beneficio social (de todas las variables ,es la que menos se discute). Después está la enorme creación de empleo: somos el segundo sector tras la agricultura en generación de empleo, con casi 15 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos directos e indirectos.
¿Qué comunidades necesitan más inversión en infraestructuras?
Las hay de ámbito nacional, regional y local. Si nos centramos en la inversión pública, competencia de las comunidades autónomas, vemos que Andalucía, Madrid y Cataluña son las que tienen más déficit de infraestructuras prioritarias. En las necesidades de inversión identificadas se reparten casi por igual las comunidades y el Estado.
¿Cómo valora el papel internacional de las empresas españolas?
De éxito, pero ese reconocimiento debe apoyarse en el éxito en el mercado doméstico. Las empresas españolas comenzaron su andadura internacional en los años 60 con una expansión moderada. El primer salto llegó en la década de los 90 y el segundo en los 2000. Y el 2010 coincidió con una reducción drástica de su actividad en España. Estamos hasta siete veces por debajo de la actividad que hace diez años. Es el sector más internacionalizado en su actividad, tras las compañías chinas, y somos líderes globales en la participación de proyectos de infraestructuras con participación privada. Nuestras empresas son un referente mundial, con una enorme capacitación técnica, y su conocimiento en todas las fases las ha hecho muy competitivas. Para tener toda esa relevancia internacional (experiencia, formación de cuadros...) es importante la relevancia en tu país, porque los directivos se forman en España.
¿Hasta qué punto han sabido acompañar los cambios tecnológicos en este recorrido?
Estamos a la última en todo. Las nuevas tecnologías permiten una optimización y un diseño con mayor precisión en las estimaciones de uso. En España es una pena, porque el sistema de contratación de obra pública analiza las ofertas y no permite valorar la capacidad de innovación y la experiencia de las empresas.
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