La juez rebaja a 25 millones la fianza a Banco Sabadell como responsable subsidario por la ruina de la CAM

Banco Sabadell solo deberá responder de una fianza de 25,6 millones de euros, como responsable civil subsidario, si los ocho acusados por la ruina de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) no cumplen. La juez del caso, Carmen Lamela, ha corregido el error que cometió al considerar que la entidad financiera debía responder de forma subsidaria de la fianza de 1.592 millones de euros que deben pagar los ocho acusados en el plazo de un día, desde que sean informados.

La juez Lamela, titular del juzgado central de instrucción número tres, accede así a la petición de Banco Sabadell, entidad que absorbió a la CAM al comprarla por el precio simbólico de un euro después de que fuera rescatada por el Fondo de Garantía de Depósitos, la hucha de los bancos para cubrir a los ahorradores.

Banco Sabadell reclamó que las únicas partes acusadoras que solicitan la responsabilidad civil subsidiaria del banco son la sociedad Bon Llar SL y el abogado Diego de Ramón, que representan a diversos perjudicados por las actividades de la CAM. Ambos solicitaban una reclamación de 62.545 euros y 19,16 millones.

La juez, que con esta cantidad pretende garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que se fijen en el juicio si los acusados son condenados, añade el tercio que establece la ley. Lamela también modifica la fianza que debe cubrir el acusado Salvador Ochoa, exdirectivo de la CAM, de la cantidad de 1.592 millones de euros a 387 millones por su implicación en el caso.

Ocho exdirectivos de la CAM, entre ellos el expresidente Modesto Crespo, serán juzgados en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por falsear las cuentas de la caja de ahorros en 2010 y un semestre de 2011 para proyectar una imagen irreal de la misma. La Fiscalía les atribuye los delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida o administración desleal, entre otros crímenes.

El juez que comenzó la investigación, Javier Gómez Bermúdez, consideró acreditado que la cúpula de la extinta entidad falseó las cuentas para, entre otras cosas, cobrar una serie de incentivos que estaban ligados a la buena marcha de la caja, a la que perjudicaron.