¿Por qué serán juzgados los exdirectivos de la CAM, entidad rescatada con 5.249 millones de euros?

Ocho exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) serán juzgados en la Audiencia Nacional por dejar moribunda a la entidad, que fue rescatada por el Fondo de Garantía de Depósitos (la hucha de los bancos para garantizar el dinero de los ahorradores) con una inyección de 5.249 millones de euros. La juez Carmen Lamela ha abierto juicio oral contra la cúpula de la extinta caja.

Estas son las claves de un proceso que simboliza el derrumbe de las cajas de ahorro, una bola de nieve que amenazó al sistema financiero español en una de las peores crisis sufridas por España.

¿De qué acusan a los banqueros?

Aunque falta que un tribunal considere probados los excesos de los exdirectivos de la CAM, entre ellos el expresidente Modesto Crespo

y los ex directores generales Roberto López Abad y Dolores Amorós, el juez que comenzó la investigación, Javier Gómez Bermúdez, consideró acreditado que los exdirectivos falsearon las cuentas de la entidad de 2010 y un semetre de 2011 para su interés personal.

Este magistrado consideró que los antiguos dirigentes de la CAM querían proyectar una imagen más beneficiosa de la real para facilitar las negociaciones ante posibles fusiones y para cobrar una serie de incentivos ligados a la buena marcha de la entidad. Actuaron según un «plan concertado por el comité de dirección» concluyó el juez Bermúdez, al procesar a los ocho encausados.

¿Cómo falsearon supuestamente las cuentas?

Los balances de la entidad ofrecían una «imagen distorsionada» de la caja de ahorros, que fue absorbida por Banco Sabadell tras su ruina. Según las cuentas falseadas, la CAM gozaba en el primer semestre de 2011 de 65,35 millones de beneficios. El examen del Banco de España, la auditora KPMG y el FROB, el organismo del Gobierno que regula la reestructuración financiera, desveló lo que escondía la alfombra: pérdidas de 1.136 millones de euros.

¿Se enriquecieron a costa de la CAM?

Los antiguos jefes de la caja cobraron unos incentivos (paga de beneficios, aportaciones a los planes de pensiones y la retribución variable, y el bono extraordinario a largo plazo) gracias a la imagen distorsionada que exhibieron de la entidad, a través de unas estados financieros falseados que enviaron al Banco de España y a la CNMV.

Estos cobros dependían de los resultados de la entidad, con lo que los acusados obtuvieron un beneficio «a sabiendas de que no les correspondía, pues conocían perfectamente la situación real de la entidad». Según el juez que antecedió a Carmen Lamela, cobraron así «indebidamente» 47 millones de euros. También perjudicaron a la caja al ocultar a la consultora externa Towers Watson que seis miembros del comité de dirección se habían ahderido al plan de reestructuración de la plantilla, lo que impidió que la caja dotara unas pérdidas de 15,5 millones de euros en el ejercicio 2010.

¿Quiénes son los acusados?

Además del expresidente Modesto Crespo, a quien no acusa la Fiscalía pero si el Fondo de Garantía de Depósito, se trata de los ex directores generales de la entidad (López Abad y Amorós) y los responsables de seis departamentos: Teófilo Sogorb, Vicente Soriano, Francisco José Martínez, Juan Luis Savater y Salvador Ochoa. La Fiscalía pide siete años y medios de cárcel para cuatro de ellos. Para Crespo, el FGD solicita nueve años de prisión por varios delitos.

¿Qué delitos les atribuyen?

Entre el Ministerio Público y las acusaciones, son varios los delitos que estarán en juego en el juicio en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, todavía pendiente de fecha. Entre todos les atribuyen los delitos de falsedad documental, estafa, apropiación indebida o administración desleal, entre otros crímenes societarios.

¿Qué sucedió con la CAM?

Tras la intervención del Banco de España y la inyección millonaria del Fondo de Garantía de Depósitos, la CAM fue absorbida por Banco Sabadell, quien la compró por el precio simbólico de un euro. La juez Lamela, al abrir juicio oral, impuso una fianza de 1.592 millones de euros que deberán recaudar de forma solidaria los ocho directivos. Si no son capaces, la magistrada señaló como responsable civil subsidario a Banco Sabadell, quien pidió a la juez que limite su responsabilidad subsidiaria, en sintonía con la Fiscalía, quien consideró que el banco debe cubrir unos 20 millones de euros.