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La juez embarga viviendas, coches y cuentas de la excúpula de Abengoa para cubrir sus fianzas

Benjumea y Sánchez Ortega no han depositado a tiempo los 11,5 y 4,5 millones que debían pagar

MadridActualizado:

La juez del caso Abengoa ha ordenado el embargo de numerosos bienes de Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega, los antiguos jefes de la empresa energética, para cubrir las fianzas impuestas en el caso que investiga las indemnizaciones que recibieron al dejar la firma. Los dos dirigentes no han entregado a tiempo las cantidades que debían pagar: 11,5 y 4,5 millones de euros, respectivamente, después de que la juez rechazara las pólizas de seguro que aportaron.

A Benjumea, el expresidente de la empresa, que debía abonar los 11,5 millones, le han inmovilizado hasta un ciclomotor. La magistrada Carmen Lamela ha ordenado la prohibición absoluta de que disponga, venda o haga cualquier movimiento de varias viviendas y parcelas, algunas de su propiedad total, otras compartidas, respecto de varios coches y un ciclomotor, y ha solicitado el bloqueo de varias cuentas bancarias, incluyendo productos financieros como fondos de inversión, planes de pensiones e imposiciones a plazo fijo, según fuentes jurídicas.

Para Sánchez Ortega, cuya fianza es menor, de 4,5 millones, acorde con la indemnización que recibió al dejar el timón de Abengoa, la juez ha ordenado el embargo de una finca registral (una vivienda), de un vehículo y de una cuenta bancaria. En ambos casos, la magistrada ha librado los mandamientos oportunos a los registros de la propiedad y entidades bancarias correspondientes para que procedan al embargo.

Las fianzas fijadas buscan asegurar la posible responsabilidad pecuniaria a la que puedan hacer frente los investigados si son condenados en un hipotético futuro juicio. Las cantidades se corresponden con las indemnizaciones que cobraron al dejar la entidad, que se encuentra en una situación muy delicada, en situación de preconcurso de acreedores, intentando evitar la quiebra.

La investigación trata de averiguar si los dos directivos cometieron un delito en la gestión de la empresa eléctrica al cobrar dichas indemnizaciones cuando Abengoa ya se encontraba en entredicho. La Fiscalía, que apoyó la apertura de la investigación tras una querella de dos bonistas, considera que los dirigentes antepusieron su interés personal al de la sociedad a la que representaban y que dirigían.