El antiguo gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez - EFE

El juez del caso Bankia interrogará a Fernández Ordóñez como imputado el 16 de marzo

La Audiencia Nacional ordenó investigar a nueve exdirigentes del Banco de España y la CNMV por la salida a Bolsa de la entidad

MADRIDsaActualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu interrogará el próximo 16 de marzo al antiguo gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez por su posible responsabilidad en el caso Bankia. El magistrado le ha citado como imputado obligado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó investigar a diversos dirigentes de los supervisores por su rol en la salida a Bolsa de la entidad, cuestionada por una presunta estafa.

Fernández Ordóñez no es el único citado. El antiguo presidente de la CNMV Julio Segura será interrogado el 13 de marzo por los mismos hechos. Entre el 13 y el 16, entre ambas declaraciones, están citados los restantes dirigentes del Banco de España y la CNMV investigados por el salto al parqué de Bankia, una entidad que fue rescatada con más de 22.000 millones de euros de dinero público. La Justicia investiga así el rol del Estado en este escándalo financiero.

Los demás citados son Fernando Restoy, el 13 de marzo; Pedro Comín y Pedro González, el 14 de marzo; Mariano Herrera y Jerónimo Martínez, el 15 de marzo; y Francisco Javier Aríztegui, el 16 de marzo. Comín, González, que eran inspectores cuando llegó la imputación, y Herrera, entonces director de supervisión, dimitieron a las horas de sus respectivos cargos en el Banco de España.

La Sala de lo Penal, que ordenó su imputación, estimó un recurso de la acusación particular de la Confederación Intersindical de Crédito, representada por el abogado Andrés Herzog, contra la decisión del juez Andreu, que rechazó en dos ocasiones citarles como imputados.

Según la Audiencia Nacional, los representantes del órgano regulador y del supervisor autorizaron la cuestionada salida a Bolsa de Bankia «pese a las reiteradas advertencias del equipo de insepección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)».