Tribuna
Innovación y transferencia sostenible
Andrés Vicente, vicepresidente de la Fundación I+E, ofrece las claves para impulsar la inversión privada en I+D en España: aligerar la burocracia y aumentar la seguridad jurídica, reforzar el sistema de financiación y potenciar su industrialización
En un mundo y en una coyuntura en la que las incertidumbres parecen dominar la escena, haríamos bien en apoyarnos en lo que sabemos y además nos pone de acuerdo. Las empresas, las instituciones y los ciudadanos somos cada vez más conscientes de que el progreso de las economías y los países no es factible sin el activo de la innovación , que debe estar en el centro de todas nuestras agendas, estrategias y planes. Pero también sabemos que, en este tiempo, lo que no es sostenible, simplemente, no será. Y la innovación tampoco será si no tiene en cuenta el componente de la sostenibilidad, y muy especialmente, un reflejo real y tangible en su entorno, en las personas y en el planeta.
Por ello, cuando hablamos de fundar una España innovadora y sostenible , no deberíamos reducir la idea a una suma de indicadores que nos dejen bien en las comparativas, sino en el principal medio para hacer un país mejor. Y debería sustentarse en la suma de la determinación de todos. Principalmente, del sector público y privado. Pero también de los ciudadanos, que nos lo deben demandar. Tenemos ya una Ley de Ciencia , esperada no sólo por la comunidad científica, investigadora y docente. También desde el ámbito empresarial. Más de 80 entidades hemos firmado el Pacto por la Ciencia, base e inspiración del nuevo texto legislativo, que establece, entre otros, el compromiso de alcanzar el 3% del PIB de inversión en I+D en 2030 , frente al 1,41% que alcanzamos en 2020, una vez más por debajo de la media europea.
Pero invertir ese 3%, unos 36.000 millones de euros al valor del PIB actual, servirá de poco si no somos capaces de transferirlos adecuadamente. A partir de diferentes estudios, un euro invertido en I+D revierte entre 1,6 y 3 euros adicionales a la economía , al estado y a la sociedad. Hablamos por lo tanto de entre 60.000 y 110.000 millones de euros anuales que deberían contribuir a instaurar mejores servicios públicos en general, un sistema sanitario y eficaz, un estado del bienestar sostenible… y a la puesta en marcha de nuevos proyectos de alcance innovador, que generen riqueza, empleo y, a su vez, más retorno económico y beneficio para nuestra economía, sin olvidar nuestra imagen en el exterior.
Para conseguirlo, a la música que tenemos debemos ponerle letra y acertar. La Ley de Ciencia contempla el blindaje del incremento en inversión pública en los próximos años, pero al Ministerio de Ciencia le estamos diciendo que, además, esa inversión debería ser tractora de inversión privada, a razón de dos euros por cada euro del sector público. De esta forma conseguiríamos que la inversión empresarial en I+D represente dos tercios, como se da en los países que lideran la innovación en el mundo. Que no son otros que los más ricos y prósperos, pero porque innovan.
¿Y qué reclamamos las empresas para cumplir nuestra parte en ese compromiso? Todos estamos de acuerdo en la necesidad de estimular la inversión en proyectos innovadores y sostenibles, pero para ello cabría sugerir, en primer lugar, que se observen mayores garantías de seguridad jurídica y procesos ágiles para la puesta en marcha: reducir trámites burocráticos, facilitar la acreditación de esos proyectos a todo tipo de empresas con vocación innovadora y crear marcos de estabilidad jurídica que animen a las empresas a acometer grandes inversiones. En el caso de las multinacionales, a convencer a sus matrices de que España es el mejor país para traerlas.
En segundo lugar, entendemos que se debería reforzar el ecosistema de financiación de la I+D+i. Me refiero a establecer parámetros comunes, claros y estandarizados para los proyectos de inversión, alejando las incertidumbres en la interpretación, que a veces obligan a parar proyectos en marcha y, a la larga, amenazan con disuadir la iniciativa inversora y emprendedora. Necesitamos mantener y en lo posible mejorar el actual marco de incentivos fiscales a la I+D+i, tomando ejemplos como los de Francia, Italia o Reino Unido, que ya aplican con efectividad esas deducciones. En consecuencia, generan entre diez y treinta veces más incentivos y, por lo tanto, tantas veces más inversión.
Y en tercer lugar, subrayamos la importancia de potenciar la industrialización de la I+D. A veces es complicado elevar a escala industrial, y por lo tanto trasladar al mercado, grandes proyectos altamente intensivos en tecnología. Lo es fundamentalmente por las elevadas inversiones que requieren, y la fórmula sería establecer marcos regulatorios adecuados e instrumentos de colaboración público-privada, a fin de ganar músculo inversor y compartir el riesgo. Dichos proyectos, por ejemplo los relativos despliegue de 5G o a la generación de hidrógeno verde, serán esenciales para reforzar nuestra capacidad innovadora y productiva, así como para avanzar en la transición ecológica.
Desde el punto de vista de las multinacionales con larga presencia en España -cien años en el caso de Ericsson- e innegociable compromiso inversor, a lo que aspiramos es a hacer mejor nuestra labor de embajadores ante nuestras corporaciones. Si contamos con argumentos sólidos e irrebatibles, nos resultará mucho más fácil atraer esos proyectos que nos pongan en el mapa mundial de la innovación. Y, sobre todo, que se transfieran a la sociedad en forma de riqueza, empleo, formación y generación de tejido empresarial alrededor, que a su vez se traduzca en más conocimiento, más innovación y más progreso para los territorios en los que se desplieguen. En definitiva, contribuir al proyecto de país que nos creemos y que estamos convencidos de que entre todos podemos conseguir.
Andrés Vicente es vicepresidente de la Fundación I+E y presidente de Ericsson España
