El «impuestazo» al diésel también amenaza a taxistas y repartidores
El plan presupuestario solo «salva» a camioneros, agricultores y transportistas bajo gasóleo profesional, lo que pone en vilo al sector
El sector del transporte atiende expectante al desarrollo del «impuestazo» al diésel que hornea el Gobierno. El plan presupuestario que el lunes por la tarde envió el Ejecutivo a la Comisión Europea incluye una subida al diésel que recaudará 670 millones y que, además de afectar a clases medias y particulares, también puede incidir sobre los profesionales que utilicen el vehículo para su actividad y este vaya a gasóleo, lo que tiene en vilo a cientos de miles de autónomos.
La razón es que el plan presupuestario detalla que el aumento de la tributación se producirá «sin afectar a transportistas y agricultores» de forma que no recaerá sobre el «gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado». El problema de este escenario es que la bonificación del gasóleo de uso profesional solo beneficia a vehículos para el transporte de mercancías con un peso igual o superior a 7,5 toneladas -lo que incide sobre grandes transportistas-, así como aquellos vehículos ligeros para este fin con autorización preceptiva y los taxistas con las preceptivas autorizaciones y taxímetro.
Ello dejaría fuera a los autónomos fuera de estos colectivos que utilizan el vehículo para su actividad, así como aquellos taxistas y repartidores que no están bajo este régimen bonificado del gasóleo de uso profesional, y que suman más de 130.000 profesionales, señalan fuentes del sector. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló en una entrevista a «Onda Cero» que «no se verán afectados todos aquellos profesionales que dependan del transporte para su actividad económica» aunque fuentes del Ministerio también reconocen que «la casuística concreta se establecerá una vez se concrete la medida». En ese caso, el Gobierno debe reformar el artículo 52 (bis) de la ley de Impuestos Especiales que regula los colectivos sujetos a bonificación.
Desincentivo al fraude
Según ha podido saber ABC el proyecto era que los transportistas fuera del gasóleo de uso profesional sí tributen, aunque habrá que ver cómo traslada el Ministerio la subida del impuesto a la norma y si recula. Ello busca que aquellos taxistas y repartidores que no tienen esta autorización y no declaran el gasóleo de uso profesional se incluyan en este régimen cuya bonificación ahora es mínima, lo que sería un incentivo para que la Agencia Tributaria controlara con mayor celo la actividad de estos profesionales que ahora están fuera de este paraguas. Según fuentes del taxi, el 75% de los conductores directamente han optado por no adherirse a este sistema «porque no les compensa». Fuentes del transporte ligero cifran el porcentaje al 50%.
«La subida de 670 millones al diésel no la van a pagar los coches oficiales, la van a asumir los autónomos», lamenta a ABC el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. La reacción del sector del transporte también ha sido contundente. «Es una discriminación brutal, porque tanto vehículos grandes como pequeños hacen transporte profesional», señala el presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA), Antonio Villaverde. El criterio del peso máximo autorizado de 7,5 toneladas para acogerse al uso del gasóleo profesional se deriva de una directiva europea, aunque excepcionalmente se ha abierto a otros profesionales. «El sector de la logística y el transporte no aguanta nuevas subidas de impuestos porque afectan directamente a su competitividad», señala Francisco Aranda, secretario general de la patronal logística UNO.
El sector del taxi también teme la subida del diésel. Para empezar, porque dejaría fuera a un buen número de taxis rurales. Unos 5.000 profesionales, según fuentes del sector. «Va a tener un impacto considerable sobre el bolsillo de los taxistas, porque aunque se está produciendo una transición hacia otro tipo de combustibles, todavía hay aproximadamente un 30% de coches diésel circulando por las ciudades. Y no todos están inscritos en el diésel profesional», señala Jesús Fernández, vicepresidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi). En el caso de las Vehículos de Turismo sin Conductor (VTC) como Uber o Cabify, el alza les afectaría de lleno.
Fedetaxi, patronal del sector, ha pedido al Ministerio de Fomento que cualquier vehículo que venga calificado en su permiso de circulación como taxi tenga la posibilidad de utilizar el régimen del diésel profesional. Además, también han pedido a Hacienda algún tipo de «guiño» para mitigar el impacto de esta medida. « Todavía no ha habido ninguna respuesta », apunta en este sentido Fernández, que asegura que los taxistas pueden llegar a pagar hasta 80 euros más al mes cuando se aplique este tributo.
Dulsé Díaz, portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), explica que su asociación ha pedido a la secretaria general de Transporte, María José Rallo, que cambie el régimen del diésel profesional para que el sistema dé cabida a todo tipo de transportistas. Una petición que habría sido trasladada directamente al titular de Fomento, José Luis Ábalos. Díaz, añade que el sector va a ser «muy beligerante» porque «todavía no ha entrado en la recuperación económica».
Reunión con Trabajo
El transporte profesional, según explican desde Transportistas Autónomos, se reunirá próximamente con la Dirección General de Transporte y una de sus peticiones será extender las bonificaciones del diésel profesional a vehículos más ligeros. El sector reclamará que se puedan acoger a él todos aquellos transportistas con licencia, lo que supondría ampliarlo a vehículos de más de dos toneladas. El presidente de la Federación Nacional de Transporte de España (Fenadismer), Juan José Gil, recuerda además que a esa subida habrá que sumar la homogeneización del tramo autonómico del impuesto ya aprobada por el PP y que se aplicará en enero de 2019, y que en ocho autonomías implicará subidas.
