El Gobierno ha repartido ya 71.000 millones a la Generalitat desde 2012
De ellos, 7.838 millones han sido este año en pleno órdago secesionista
Es la comunidad autónoma que más mecanismos de liquidez ha recibido, con un 31% del total
El camino de la independencia política de Cataluña del resto de España, iniciado en 2012 por Artur Mas, ha corrido paralelo a una dependencia económica cada vez más estrecha con el Gobierno central, que se ha convertido en el mayor acreedor de la Generalitat y en su única ventanilla de liquidez. El Ministerio de Hacienda publicó ayer los últimos datos de la cascada de mecanismos de liquidez -préstamos a bajo coste a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de Facilidad Financiera- que el Gobierno ha repartido a las comunidades autónomas desde 2012, que asciende a 231.202 millones de euros. Una cifra mareante de la que una tercera parte ha ido a parar a Cataluña , 70.790 millones, siendo la comunidad más beneficiada.
De esta forma, la Generalitat ha recurrido al Estado año a año para financiarse pese a que en paralelo incrementaba la presión para independizarse. Este año, pese a la organización de la consulta independentista, no ha sido una excepción: la Generalitat ha recibido 7.838,5 millones de euros . Este montante incluye los 1.971 millones de reparto adicional del FLA que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno aprobó la semana pasada, correspondiente del cuarto trimestre. A ello se le suma el «extra FLA» o remanente que, de momento, cubrirá el objetivo de déficit y va dedicado a intereses y proveedores, y que asciende a 363,5 millones de euros . Y otros 200 millones de anticipos.
El importe podría ser superior a final de año, ya que el Ejecutivo suele repartir el excedente de los fondos en diciembre completando el llamado «extra FLA». Tras Cataluña figura la Comunidad Valenciana como la segunda región que más fondos ha recibido, con 53.575 millones, Andalucía, con 35.058 millones de euros, y Castilla-La Mancha, con 14.688 millones.
Instrumento recurrente
El Gobierno aprobó en 2012 estos mecanismos para evitar la quiebra de algunas regiones y garantizar los servicios públicos, después de que la Generalitat valenciana no pudiera atender un pago de 123 millones a Deutsche Bank. Por entonces, los mercados estaban cerrados para muchas autonomías, ya que los inversores pedían tipos de interés disparados. Era el caso de los «bonos patrióticos» con los que la Generalitat llegó a aceptar elevados rendimientos por financiarse.
Estos préstamos ventajosos llevan aparejados una mayor condicionalidad financiera del Estado sobre las comunidades incumplidoras para sanear sus cuentas, cogiendo el modelo de rescate europeo a los países miembros.
Paradójicamente, la adhesión de la Generalitat al FLA fue lo que permitió al Gobierno endurecer los controles sobre Cataluña, lo que inició en 2015 al racionar la liquidez y pedir informes mensuales que han pasado a ser semanales tras el último acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de julio. El Ejecutivo así ha llegado incluso a intervenir los pagos de la Generalitat para evitar el riesgo de que se destinen fondos públicos a la causa independentista. Desde 2015, además, utiliza el FLA directamente para pagar a proveedores. Junto a Sanidad, Educación y gasto social, cuadran los principales destinatarios de los fondos.
Los mecanismos de liquidez nacieron como un instrumento excepcional, pero se han convertido en un recurso estructural. De esta forma, el Estado tiene en sus manos el 68,4% de los 76.727 millones de euros de deuda que acumula la Generalitat: cuenta con 52.499 millones de euros. Cataluña solo puede financiarse del Estado: su calificación crediticia está en bono basura y agencias como Standard and Poor's y Fitch han degradado su perspectiva los últimos días, ante la posibilidad de que se limite la liquidez estatal por la tensión política con el Gobierno central.
Solo Comunidad Valenciana (con un 41,8% de su PIB a deber) y Castilla-La Mancha (36,6%) superan a Cataluña en cuanto a deuda en porcentaje del PIB (35,4%), muy por encima de la media del 25,1% del resto de comunidades. La Ley de Estabilidad fija que para 2020 las comunidades deben de tener un pasivo del 13%: la Autoridad Fiscal calcula que Cataluña no bajará su deuda a este nivel hasta dentro de treinta años .
Noticias relacionadas
