El Gobierno aplaza ante Bruselas los 5.000 millones de subida de impuestos a 2020
Sánchez promete a la UE disparar la presión fiscal a niveles récord en 2022, el 37,3% del PIB, y confía en bajar el paro del 10% pese a la desaceleración
El ciclo electoral es implacable para las arcas públicas y el Gobierno lo deja notar en las 134 páginas de Programa de Estabilidad que envió a altas horas de la noche de ayer a la Comisión Europea con sus nuevas estimaciones fiscales y de crecimiento. En ellas suaviza su propia meta de déficit del 1,3% del PIB vigente al 2% y parece postergar un año la subida de impuestos y los propios Presupuestos –aunque la intención del Ejecutivo es volverlos a presentar en breve con sus renovados apoyos parlamentarios, si bien admite que el impacto del alza se producirá en 2020–. El documento contempla un empeoramiento del escenario económico a medio plazo, pero no a corto, en lo que limita el impacto de la desaceleración. Así, el Ministerio de Economía no cambia una coma sus estimaciones de crecimiento para este año (un 2,2%) y para los siguientes las reduce al 1,9% en 2020, al 1,8% en 2021 (tres décimas menos que antes en ambos casos) y al 1,8% en 2022.
El mercado laboral también se deteriora ligeramente frente a las anteriores previsiones: la tasa de paro sube en las previsiones del Gobierno en cuatro décimas al 13,8% y en tres décimas en 2020 y 2021, al 12% y al 11% respectivamente. Y augura que bajará de la barrera del 10% en 2022, al 9,9% más concretamente. Todo ello pone a prueba la desaceleración y a los organismos internacionales. El propio FMI no veía capaz a España de bajar su paro del 14% en los próximos cinco años y el Gobierno discute que la economía española no agotará su tasa de crecimiento potencial –es decir, el máximo que marcan la estructura económica de un país a medio plazo si no se aplican reformas– hasta 2021.
Los objetivos de déficit que ahora dibuja el Ejecutivo suavizan la senda de todas las administraciones este año: del 0,1% al 0,3% de déficit para las comunidades; al 0,5% y no 0,3% para la Administración Central y del 0,9% hasta el 1,2% para la Seguridad Social.
El escenario de prórroga que traza Hacienda aplaza el ajuste fiscal al año próximo, cuando reducirá el desequilibrio del 2% del PIB al 1,1%. ¿Cómo hará ese ambicioso ajuste? En sus palabras, porque será entonces cuando irrumpan los más de 5.000 millones de subida fiscal al IRPF a rentas superiores a 130.000 euros; de Sociedades a grandes empresas; además de al diésel que contenían los Presupuestos, sumando la tasa Google y la tasa Tobin. Junto a ello pronostica que la presión fiscal asegura que su intención es que la presión fiscal pase del 35,1% del PIB de 2018 al 35,7% en 2019 hasta el 37,3% en 2022, en lo que supondría superar su máximo histórico de 2007 -el 37,1%-. Este aumento de la recaudación equivaldría a más de 26.000 millones en cuatro años.
De momento, eso sí, la subida fiscal no entrará en 2019 y sí en 2020. Lo que sí servirá al Gobierno para contener el déficit, arguye ante Bruselas, serán las subidas del SMI y de las bases de cotización que elevan los ingresos de este año. Todos los decretos de Trabajo aprobados en el primer trimestre de 2019 recaudarán, según sus estimaciones, 3.786 millones. Junto a la contención del gasto fruto de la prórroga, el desequilibrio adelgazará del 2,5% de 2018 al 2% en 2019.
El Ejecutivo necesitaba convencer a Bruselas, ya que el déficit arrancó con curvas este año de elecciones. El Estado disparó su déficit un 58% hasta los 6.754 millones de euros, un 0,54% del PIB, que rebasa el 0,35% en el que estaba en marzo de 2018. La causa de este importante desvío precisamente está en la subida del salario de los funcionarios y de las pensiones, que el Gobierno aprobó por decreto. En parte porque el aluvión de guiños a funcionarios- desde el alza del 2,25% hasta la equiparación parcial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos- ha impactado en las cuentas sin contraprestación en los ingresos, con un gasto que aumentó un 6% hasta los 52.803 millones.
A ello se le unió el primer pago del préstamo del Estado a la Seguridad Social de 1.875 millones para respaldar ligar las pensiones al IPC. Esta transferencia permite que el superávit de la Seguridad Social subiera un 18% a 3.686 millones.
También entraron varios acontecimientos extraordinarios que redujeron los ingresos de la Administración, como los 139 millones destinados a partidos políticos y elecciones por las citas con las urnas de Estado y comunidades. Asimismo, el Impuesto de Sociedades redujo su recaudación un 81,9% hasta los 274 millones por el juicio ganado por Telefónica a Hacienda sobre actas pendientes de 2008 a 2011 por valor de 702 millones de euros. Otro imprevisto es la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad, que de enero a marzo recortó la recaudación en 676 millones de euros por las devoluciones.
Un inicio, en fin, que obliga a adoptar medidas y reformas que brillan por su ausencia en el Programa de Estabilidad que el Ejecutivo había dejado preparado hace semanas y que ayer envió. Recién escapado del brazo corrector de Bruselas y con una Comisión Europea que se disolverá en semanas ante las elecciones, el Ejecutivo posterga el ajuste tras el 28-A.
Noticias relacionadas
