Octavio Granado - ÓSCAR DEL POZO

Trabajo plantea ahora recortar las pensiones de viudedad e incapacidad

Aboga por vincular la viudedad a la renta del beneficiario y revisar la incapacidad para que el incapacitado, si no puede ocho, que trabaje cuatro horas

MADRIDActualizado:

En nueve meses de Gobierno la Seguridad Social no ha hecho públicas medidas concretas de reforma de las pensiones para hacer sostenible el sistema; ha preferido dejar trabajar al Pacto de Toledo que, tras más de dos años de debates, ha sido incapaz de llegar a un entendimiento. Ahora, en plena campaña electoral, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, le pide al nuevo Ejecutivo que salga de las urnas reformas de calado en las pensiones de viudedad y de incapacidad. Granado reclamaba ayer en voz alta lo que en voz baja siempre han pensado todos los gobiernos, pero nadie se ha atrevido a hacer por el coste electoral de las medidas.

Granado defendió una vinculación de las nuevas pensiones de viudedad al nivel de renta del beneficiario, una reforma muy delicada que consideró que se debería hacer «muy despacio». No entró en detalles sobre cómo deberían ser estos cambios en las rentas que perciben los viudos y viudas, aunque sí aseguró que cualquier modificación legal solo afectaría a las futuras pensiones y en ningún caso a las que ya se están cobrando los pensionistas. Sobre estas últimas dijo que «un Gobierno socialista solo va a mejorarlas».

El escenario cambió radicalmente cuando el secretario de Estado se refirió a las futuras pensiones de viudedad. «Que alguien que cobra cinco veces más que su cónyuge y se queda viudo siga cobrando una pensión de viudedad de forma vitalicia -señaló- es muy discutible». De las reflexiones de Granado se desprende que se refería a la necesidad de hacer las pensiones de viudedad incompatibles con determinados niveles de renta del beneficiario y que en el caso de que el fallecido fuera el que menos cobraba de la pareja, la pensión de viudedad del superviviente no fuera vitalicia.

Además de reformar las pensiones de viudedad, la Seguridad Social también es partidaria de dar una vuelta a las incapacidades con el objetivo de contener los gastos. Los cambios esbozados afectarían tanto a las pensiones de incapacidad permanentes como a las temporales. Respecto a las primeras dejó abierta la posibilidad de dar prestaciones parciales de incapacidad o jubilaciones parciales «porque un trabajador igual no puede trabajar ocho horas pero sí cuatro», sentenció.

Un asunto recurrente

No es la primera vez que el responsable de la gestión de las pensiones públicas se refiere a la necesidad de reformar la incapacidad. A finales de 2018 ya se pronunció en este sentido y aseguró ante la comisión del Pacto de Toledo que «no nos podemos permitir el lujo de tener paralíticos cerebrales que están trabajando con las bonificaciones de sistema de Seguridad Social, y luego seguir dando pensiones de incapacidad permanente a la gente por lumbalgias».

Admitió que su departamento debería ejercer una mejor gestión del gasto en bajas laborales por incapacidad temporal, un indicador que lleva años disparado, y reconoció que existe «un problema» con la incapacidad permanente, que es aquella que invalida al trabajador a más largo plazo o para siempre para desempeñar su profesión y permite llegar hasta la jubilación sin volver a trabajar.

Reciclar al trabajador

«Se sigue jubilando a la gente con pensiones de incapacidad, sin partir de que lo que debe hacerse, que, como bien dice la normativa sobre enfermedades profesionales, es reclasificar a la gente y darle otra ocupación», indicó entonces el responsable del departamento que dirige Magdalena Valerio.

Por ello consideró que el hecho de que haya gente con graves discapacidades trabajando y otros, no tan graves, que cobran una pensión de incapacidad permanente hasta que acceden a la jubilación, es «una auténtica contradicción, que yo intentaré, en la medida de lo posible, reducirla».

Ayer Granado criticó la regulación actual para conceder bajas laborales a los trabajadores. «Ni el Rey ni el presidente del Gobierno pueden otorgar una pensión, pero un médico puede dar 40 bajas en cinco minutos», afirmó. Abogó por «lograr una mayor complicidad del sistema sanitario; porque estoy harto, de que los consejeros de las comunidades autónomas me digan que el absentismo no es una prioridad para ellos». Como ya informó ABC, la factura del absentismo laboral para la economía española ronda los 77.000 millones de euros. El coste directo de las bajas para las empresas supera los 6.600 millones.

En España se cobran casi 2,4 millones de pensiones de viudedad, que cuestan cerca de 24.000 millones de euros. Las prestaciones de incapacidad permanente son 953.111 y su coste para la Seguridad Social asciende a 13.900 millones. La pensión media que perciben los viudos es de 708 euros al mes y los incapacitados cobran 953 euros de media.

El responsable del Ministerio de Trabajo, que inauguró unas jornadas sobre el futuro del sistema de pensiones organizado por la APD, no solo planteó reformas para reducir el gasto en pensiones, también medidas para complementar las rentas públicas en el futuro. Así, instó al próximo Ejecutivo a «redefinir de forma ambiciosa la ley de fondos y planes de pensiones» porque «es razonable que la previsión social complementaria vaya cobrando mayor protagonismo», agregó. «La anticipación de la jubilación deberá basarse en la previsión social y no en el adelantamiento de la edad de jubilación; porque dentro de cuatro años el que se quiera jubilar antes va a tener que pagar más porque el sistema no va a poder financiarlo», explicó Octavio Granado.

Política de familia

Finalmente, apeló a que los partidos políticos aprovechen las elecciones para explicar que hay dos cosas que van a hacer falta para que la Seguridad Social funcione. Las resumió en la llegada de más inmigrantes y en una política de familia «que permita a los españoles tener los hijos que quiera. Ni más, ni