El Gobierno estudia subir las bases máximas de cotización para ingresar otros mil millones

La autoridad fiscal estima que el déficit público será del 2,8% este año, una décima más respecto a la cifra pactado entre el Ejecutivo y la Comisión Europea

José Luis Escrivá, presidente de la Airef EFE

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El Gobierno estudia subir las bases máximas de cotización al menos un 10% para ingresar entre 1.000 y 1.100 millones adicionales y cuadrar así las cuentas de la Administración. Así lo ha anunciado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá , este jueves en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.

Gracias a esta medida, que no está recogida en el borrador de plan presupuestario remitido por el Gobierno a la Comisión Europea, elevará tres décimas la previsión de ingresos, que según los cálculos de la Airef alcanzará un rango de entre 6.078 y 7.698 millones de euros para este ejercicio. «Las cotizaciones pasarán de crecer un 5,5% este año a un 6,7% el año que viene», ha explicado Escrivá, que también ha destacado que el Gobierno ha comunicado al organismo medidas posteriores al plan presupuestario.

Pese a esta subida impositiva, la Airef estima que el déficit público alcanzará el 2,8% del PIB en 2018 y el 2,3% en 2019, una décima más respecto al objetivo del 2,7% pactado entre el Gobierno y la Comisión Europea. Y es que si bien prevé que los ingresos aumenten tres décimas, los gastos lo harán en cuatro.

Según ha explicado Escrivá, las previsiones de gasto son «improbables». El organismo prevé un «one off» de 800 millones de euros que, tal y como adelantó ABC, acarreará según el organismo el conflicto judicial que mantiene la Generalitat de Cataluña con Acciona por la liquidación de la adjudicación de Aguas del Llobregat. A este «one off» se unirán otros desembolsos movitados por sentencias referidas a Baleares, Andalucía y Valencia que tendrán un impacto de 300 millones. Además, según la Airef, habrá un aumento de los intereses y la revisión del PIB por parte del INE y una desviación del gasto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. De hecho, Escrivá ha apuntado que en la segunda mitad del año ya se está dando un «deslizamiento» de las reglas fiscales en varias regiones.

En total, la desviación del gasto será de 300 millones derivados de eliminar el copago farmacéutico, una medida que según el Ejecutivo no tendría ningún gasto y por un mayor desembolso respecto al previsto derivado por la revalorización de las pensiones al IPC y subida de las mínimas y no contributivas al 3%. Todo ello provocará un gasto total de 2.886 millones, según el organismo.

Del lado de los ingresos, la Airef prevé que la recaudación se sitúe en un rango de entre 5.078 y 6.598 millones. Entre 580 y 2.100 millones menos respecto a los 7.178 millones que prevé el Gobierno. La institución coincide en la estimación de recaudación del Gobierno en el impuesto de Sociedades y la rebaja en este impuesto para las pymes, el IVA y el impuesto de hidrocarburos. Pero prevé menor recaudación respecto a la estimación del Gobierno en el IRPF (aumento de entre 245 y 255 millones frente a los 328 que prevé el Ejecutivo), el impuesto a las transacciones financieras (entre 420 y 850 millones, frente a los 850 del Gobierno), la ‘tasa Google’ (546 y 968 millones frente a 1.200), así como en el conjunto de medidas de lucha contra el fraude.

Durante su comparecencuia, el presidente de la Airef también ha evaluado la subida del 22,3%, hasta 900 euros, del salario mínimo interprofesional (SMI). Escrivá ha reconocido que se trata de una medida sin precedentes que afectará a 1,2 millones de trabajadores e incrementará la renta bruta disponible en unos 1.750 millones de euros, contando 1.260 millones proceden de las transferencias netas a hogares recogidas en los Presupuestos.

Eso sí, también ha destacado que esta medida puede desencadenar una gran incertidumbre en el mercado de trabajo . El impacto previsto sobre el empleo estimado por la Airef sería de una caída en la creación de puestos de trabajo de unos 40.000 empleos en 2019 y de otro 50% en años posteriores. Además, lastraría dos décimas la competitividad y la subida de exportaciones.

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