El Gobierno considera «previsible» que las autopistas en quiebra vayan a liquidación

El dilema de las autopistas en quiebra, ocho sociedades concesionales que atraviesan actualmente procesos concursales, parece estar llegando a su fin, tras varios años e intentos fallidos de dotar de viabilidad económica a estas vías. El secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda en funciones, Julio Gómez-Pomar, ha señalado en el Foro ABC de Infraestructuras, patrocinado por Acciona, que resulta «previsible» que estas sociedades concesionarias «vayan a liquidaciones en firme y de ahí a la resolución de los contratos». Este procedimiento obligaría al Estado a indemnizar a las concesionarias, integradas por las principales entidades financieras y compañías del construcción del país, en virtud de las cláusulas de responsabilidad patrimonial administrativa (RPA) incluidas en los contratos de adjudicación.

Gómez-Pomar subrayó que, después de que no fructificase la propuesta efectuada por el Ministerio de Fomento para constituir una empresa nacional de autopistas previa quita del 50% de la deuda financiera, será «difícil» alcanzar un acuerdo entre el actual Gobierno y las compañías y entidades implicadas. Mientras tanto, el juzgado que deberá pronunciarse sobre los procesos concursales ya ha comenzado a dictar «los autos de liquidación», lo que otorga poco margen para lograr un pacto. «Ojalá hubiera un acuerdo de última hora, pero el transcurso de tiempo nos aboca a este escenario», ha remachado.

El secretario de Estado ha destacado que, una vez que se confirme la situación procesal de liquidación firme se deberán resolver los contratos de concesión. A partir de esa fecha, las autopistas «pasarán a manos públicas» y el Estado dispondrá de tres meses para «el abono de la RPA». Gómez-Pomar no ha cuantificado cuál será el importe para las arcas públicas de dichas indemnizaciones, una cifra que «hay que determinar».

Factura final

Julián Núñez, presidente de la patronal de las principales compañías de construcción (Seopan), quien también participó en el encuentro, ha indicado que la horquilla del coste total es amplia. Sin embargo, según sus cálculos, el Estado deberá hacer frente a cerca de 5.000 millones de euros. «Teniendo en cuenta la legislación española estimamos que rondará esa cantidad», ha explicado el máximo responsable de la organización de la que forman parte firmas como Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr y Abertis, entre otras.

En última instancia, el importe de las compensaciones que se detraerán del erario dependerá de lo que decida el juzgado para cada autopista en concreto, una vez que se dé por concluido el proceso concursal. Lo cierto es que la RPA es un concepto cuya nitidez varía en cada contrato. Pero, sin duda, se trata de un coste que pasará a engrosar la deuda pública, coste más lesivo aún si se tienen en cuenta las exigencias de Bruselas de consolidación fiscal. «Nos parece un contrasentido para reducir el déficit. Lo sensato es que se resuelva la situación», ha zanjado Núñez.

En cuanto al futuro de las vías de pago, Gómez-Pomar apuesta por que los activos que se transfieran al Estado «se integren en una de las sociedades del grupo Fomento», con la «voluntad» de que «regresen al mercado» en un futuro próximo mediante una nueva licitación. En este sentido, el «número dos» del Ministerio de Fomento ha destacado que se trata de una sugerencia, la opción más «razonable», y que, en todo caso, será una decisión que deberá adoptarse en la próxima legislatura.

Las autopistas que se hallan inmersas en estos procesos concursales son las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4, R-5, la AP-41 Madrid-Toledo, el eje del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la AP-7, entre Cartagena y Vera.