Garamendi anticipa que la subida de la base máxima de cotización costará 1.500 millones más a los empresarios
El presidente de CEOE lamenta en COPE este incremento de las bases de cotización, porque «España ya tiene unos costes de Seguridad Social superiores a los europeos, lo que lastra la competitividad»
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha adelantado este martes que la subida de la base máxima de cotización prevista por el Gobierno rondará el 7% y costará 1.500 millones de euros a los empresarios , según ha señalado en una entrevista en la Cadena Cope.
El Gobierno ya había avanzado que la base máxima de cotización subiría por debajo del 10%, una cifra que según Garamendi se situará en el 7% -en el real decreto que el Gobierno aprobará el viernes, que ya ha remitido a los agentes sociales y que incluye un alza de la base mínima del 22,3%, lo mismo que subirá el SMI-.
El líder de los empresarios ha lamentado este incremento de las bases de cotización, porque «España ya tiene unos costes de Seguridad Social superiores a los europeos, lo que lastra la competitividad».
El presidente de la CEOE ha criticado el alza del salario mínimo (SMI) porque ha sido aprobada «saltándose el diálogo social» y porque no tiene en cuenta que en algunas regiones del sur de España pagar ese sueldo «va a ser casi imposible para un pequeño empresario».
Además, los contratos pactados con las administraciones públicas no se revalorizan al mismo ritmo que sube el SMI, de forma que «las empresas se van a la quiebra» , ha dicho Garamendi, quien ha considerado que esta situación genera un «riesgo regulatorio» propio de «un país bananero».
Preguntado por la coincidencia de posturas entre Gobierno y sindicatos para sacar adelante determinados cambios de la legislación laboral, Garamendi ha vuelto a insistir en que sigue negociando: «Se contratará menos, no porque lo diga yo, sino porque suele ser así», ha indicado sobre lo que ocurrirá si sigue adelante.
«Decir que no es más complicado que decir que sí, es más complicado», ha dicho Garamendi, quien ha considerado que el anuncio de ese «preacuerdo» es «como si vas a un campo de fútbol y el equipo contrario sale con el árbitro» y ha pedido al Gobierno que, si tiene que legislar, legisle, pero que no lo haga a su nombre.
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