El excomisario Villarejo confirmó su contratación por parte de BBVA, que en la actualidad preside Carlos Torres (imagen) pero negó en su declaración ante el juez instructor y la Fiscalía que fuera para hacer espionaje - ABC / Vídeo: EuropaPress

El juez imputará al BBVA tras atribuirle el fiscal cohecho y revelación de secretos

Los pagos «afectaron a varias áreas sensibles del Banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal», señala Anticorrupción

MadridActualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputará hoy al BBVA como persona jurídica tras solicitarlo a primera hora de la mañana la Fiscalía. Anticorrupción formuló esta petición al instructor al constatar la contratación y pagos presuntamente ilícitos por parte de la entidad a la mercantil Cenyt, de la que era titular el hoy comisario jubilado José Manuel Villarejo. Según ha podido saber ABC, tras registrarse el escrito, que se enmarca en la novena pieza separada (y secreta) de la llamada «operación Tándem», el instructor prevé aceptar esta imputación.

Los fiscales atribuyen al BBVA los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares, en relación con el presunto espionaje para el que la entidad financiera contrató los servicios de Villarejo ante la opa hostil de Sacyr en 2004.

A juicio de Anticorrupción, el «análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y la documentación aportada por BBVA» han permitido acreditar la existencia de esa contratación y pagos que «afectaron a varias áreas sensibles del Banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal». En concreto, trece años.

Investigación patrimonial

Dichas contrataciones, dice la Fiscalía, habrían tenido por objeto el desarrollo de «múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito, atendida la incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial Grupo Cenyt con la condición de funcionario policial» en activo de Villarejo (delito de cohecho activo). Además, en el desarrollo de la prestación de los servicios contratados, «habría implicado una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos».

A ello se suma que alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones (delito de corrupción en los negocios).

En su informe, la Fiscalía analiza pormenorizamente la concurrencia de los elementos que, con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas y descarta por el momento que la entidad BBVA pueda tener la condición de perjudicada por los hechos investigados, por lo que pide que se desestime su solicitud de personarse en la causa como acusación particular.

Tras conocer la petición de Anticorrupción, el BBVA emitió un comunicado en el que asegura que ha puesto en manos de la Justicia «de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic encargada hace 6 meses a Garrigues, Uría Menéndez y Pwc». No obstante, añade que la entidad no está autorizada a difundir públicamente la información aportada «dada la exigencia de no interferir en la investigación judicial».

En la nota, el BBVA recuerda que la solicitud de la Fiscalía no implica en esta fase preliminar del procedimiento acusación formal por ningún delito, y su presidente, Carlos Torres Vila, reitera el «firme compromiso» de la entidad «con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley».

Desfile de cargos

La petición de Anticorrupción se produce después de la comparecencia como investigados de una decena de cargos actuales y pasados de la entidad, entre ellos el ex consejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para eludir la cárcel. Casi todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar por estar secreta la causa.