VTC, el fenómeno acelera entre los baches de la indefinición legal
La decisión del Gobierno de ceder a las comunidades autónomas las competencias de las licencias supone una amenaza de muerte para estas plataformas
En marzo de 2016, Uber regresaba a España con conductores profesionales. La aplicación californiana, que había sido suspendida cautelarmente en nuestro país por su servicio Uber Pop (que ofrecía viajes entre particulares) reconocía entonces que se había «equivocado» y que quería «hacer las cosas bien» con la Administración. Sin embargo hoy, dos años y medio después, su modelo de negocio está más amenazado que nunca.
Y es que la decisión del Gobierno de ceder a las comunidades autónomas las competencias de las licencias de vehículos de turismo con conductor ( VTC , con las que operan Uber y Cabify ) en un plazo máximo de seis años supone una amenaza de muerte para estas plataformas. El real decreto-ley que articula esta norma recoge la posibilidad de que los ayuntamientos eliminen miles de licencias VTC cuando este plazo expire.
El sector de las VTC se ha unido contra esta norma . De hecho, está presionando a los grupos políticos para que frenen su convalidación en el Congreso de los Diputados , prevista en principio para la semana que viene. Una campaña a la que se ha sumado recientemente UGT.
Regulación alternativa
Mientras, se reproducen los informes de expertos que piden una regulación alternativa para el sector . Uno de los últimos ha sido elaborado por el catedrático de Economía Aplicada José María O’Kean. Un texto titulado «El mercado de transporte público discrecional de viajeros en vehículos con conductor: implicaciones de la revolución tecnológica y la expansión del mercado digital», en el que O’Kean defiende que la proporción de licencias VTC se debería fijar en función de la población residente y no respecto a las autorizaciones de taxi. En la actualidad, la ley establece que debe haber una VTC por cada 30 taxis .
O’Kean considera que esta sería la mejor opción para regular un mercado que «va a seguir en un proceso de expansión de la demanda» por distintos motivos. Entre ellos, el catedrático cita el impulso turístico, el aumento de la movilidad laboral , los cambios de gustos de los consumidores y la «tendencia de la política de transporte en las ciudades a desincentivar el trasporte en turismo propios», que en su opinión «obligará a estas personas a buscar medios de transporte sustitutivos».
Además, el experto advierte de que el real decreto-ley impulsado por el Ejecutivo puede derivar en una avalancha de demandas por parte de los propietarios de VTC. «Para evitar los fallos de mercados existentes en este sector, se han originado fallos en la regulación con consecuencias que no son fáciles de revertir, dada la cuantía de las inversiones realizadas en la compra de la licencia y la adquisición del vehículo para ejercer esta actividad y la necesidad de sus propietarios de rentabilizar estos desembolsos», reza el documento elaborado por O’Kean.
Se espera que dentro de cuatro años ya estén operativas 20.000 licencias en España
No es el primer texto que cuestiona la medida aprobada por el Gobierno. Catedráticos como Santiago Muñoz Machado han asegurado que el real decreto-ley puesto en marcha por el Ejecutivo es inconstitucional. «La utilización de un decreto-ley para transferir competencias en materia de VTC a los ayuntamientos resulta manifiestamente inadecuada desde el punto de vista constitucional», señaló en un documento solicitado por el sector de las VTC al catedrático.
Mientras se debate la legalidad o no de la última imposición del Gobierno a las plataformas, el mercado sigue creciendo. El número de VTC se incrementó a comienzos de octubre un 8,4%, hasta alcanzar las 12.142.Por ciudades, Madrid se situó a la cabeza con 6.076 licencias , por delante de Barcelona, con 1.982, y Málaga, con 1.117.
Dado que no se conceden autorizaciones desde hace años, el aumento de estas licencias se debe a distintas sentendias judiciales. En este sentido, se espera que dentro de cuatro años, cuando los ayuntamientos tengan la potestad para eliminar gran parte de estas autorizaciones, estén en circulación unas 20.000 VTC en España.
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