«Falta sentido de Estado y es momento de grandes pactos políticos»
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dice en esta entrevista con ABC que «a los empresarios no nos gustan los extremos» y por ello anima a los políticos a «buscar el mejor pacto posible para poder tener un Gobierno cuando antes y seguir creciendo»
Le gusta recordar que «lleva en el ADN las palabras empresa y empresario» , de hecho fue de las primeras frases que pronunció el pasado noviembre cuando fue elegido por aclamación nuevo presidente de la CEOE en sustitución de Juan Rosell. Desde entonces, sin hacer mucho ruido, ha dado un vuelco a la gran patronal , que ha moldeado a su gusto. Un nuevo equipo con el que este empresario vizcaíno está encarando una situación de crisis e inestabilidad política sin precedentes en España, que afecta ya de lleno a la economía y al empleo. «Pedimos a los políticos consenso, responsabilidad y que trabajen para buscar acuerdos siempre con lealtad institucional y sentido de Estado», asegura Garamendi en esta entrevista con ABC en la que la palabra «moderación» es protagonista cuando se habla de un nuevo Gobierno para España. «A los empresarios no nos gustan los extremos», afirma.
—¿Qué valoración hacen los empresarios españoles de la situación política que vive España tras la fallida investidura de Pedro Sánchez?
—Estamos asistiendo a un momento político en que falta sentido de Estado, pero no solo en España, sino también a nivel internacional. Son momentos en los que se necesitan grandes pactos de Estado y España es uno de los países en los que deberían darse. Nosotros los empresarios lo que pedimos a los políticos es consenso, responsabilidad y que trabajen para buscar acuerdos, siempre con lealtad institucional y sentido de Estado.
—El presidente Sánchez volverá a intentar un acuerdo de Gobierno con Podemos...Parece que a los empresarios le vuelve a tocar aguantar la respiración hasta el mes de septiembre.
—Desde la CEOE creemos que la España de la desaceleración económica en la que vivimos necesita estabilidad y moderación, por ello animamos a trabajar juntos por un gobierno estable que dé a las empresas españolas el marco de estabilidad necesario para poder seguir trabajando, creando empleo y generando riqueza. Los empresarios simepre optamos por la moderación.
«Subir los impuestos rompe la competitividad de las empresas y castiga el ahorro»
—Podemos ha acusado directamente a la CEOE de vetar su entrada en el Ministerio de Trabajo. ..
—Los empresarios lo hemos dejado claro desde un primer momento: no nos gustan los extremos. Por ello, animamos a los partidos políticos a buscar el mejor pacto posible para poder tener un gobierno cuanto antes y para que podamos seguir creciendo como una de las economías con mejores previsiones de Europa. De todas formas, los empresarios siempre trabajaremos para defender a las empresas con el Ejecutivo que toque. Esté quién esté, como responsable de los diversos ministerios, trabajaremos con ellos dentro del marco constitucional establecido, en cualquier escenario que se nos plantee y con total lealtad institucional. Se habla mucho del Gobierno de progreso, pero somos los empresarios los que representamos el progreso, porque somos los que creamos riqueza, puestos de trabajo, pagamos impuestos y bienes y servicios. Los progresistas somos los empresarios. Es por eso por lo que trabajamos en el día a día, por el progreso del país.
—La economía pierde fuelle. El PIB registró en el segundo trimestre el menor crecimiento en cinco años y la EPA y las afiliaciones reflejan una clara desaceleración del empleo... ¿La inestabilidad y el parón político está afectando a la economía?
—El parón político siempre va a afectar a la desaceleración en el empleo. En primer lugar, porque esta situación provoca incertidumbre y ralentización de las inversiones, que tiene como consecuencia un freno en el crecimiento económico y en la creación de empleo. Un momento de incertidumbre nunca es el mejor para que las empresas realicen nuevas inversiones, por lo tanto, las frenan y esto repercute en el crecimiento del empleo. En segundo lugar, porque nuestra economía está muy internacionalizada y se ve afectada por la desaceleración fuera de España. Por eso es importante valorar la productividad del país y no dejar de ser competitivos en el mundo.
«¿Cómo van a atraer talento las empresas si elevan un 7% las cotizaciones para sueldos de 45.000 euros?»
—Los expertos avisan de que la parálisis política lastrará la actividad y que el PIB se ralentizará con más fuerza en el tercer trimestre. Coinciden en pedir a España que progrese en las reformas estructurales en un momento en el que nuestro país se enfrenta desafíos como el impacto del Brexit o la guerra comercial.
—No debemos ser alarmistas porque la economía española sigue creciendo. Y lo hace en mayor medida que la eurozona y nuestros principales competidores. En todo caso, debemos estar en alerta y abordar las reformas necesarias para recuperar un crecimiento sostenible. Combatir el déficit público y mantener la consolidación fiscal son necesidades esenciales. Insisto, se debe retomar lo antes posible la senda de las reformas estructurales que permitan aumentar el potencial de crecimiento a largo plazo y favorecer la competitividad de nuestra economía.
— ¿Qué reformas piensa el presidente de la CEOE que son más inmediatas para España ?
—El proceso de globalización de la economía, la digitalización y otros avances tecnológicos, o los retos de sostenibilidad, entre otros, están impactando de forma determinante en el mundo del trabajo, por lo que se impone empezar a trabajar sin dilación en estos ámbitos. Como ya he dicho, hay que hacer también especial hincapié en la necesidad de realizar reformas de todo tipo en el ámbito de la formación —profesional, dual, continua…— para poder garantizar la empleabilidad de los trabajadores frente a estos cambios, que ya son imparables. Hay solo 23.000 alumnos en la formación profesional dual de los casi 900.000 matriculados en formación profesional en nuestro país.
«No queremos un Gobierno de real decreto. Son contratos de adhesión que no admiten negociación»
—Uno de los indicadores que más preocupación está generando es la evolución de la industria. Las fábricas españolas prolongan su recesión y están destruyendo puestos de trabajo al mayor ritmo desde 2013 ¿Qué proponen los empresarios?
—La industria requiere una apuesta decidida por la innovación y la I+D. Es un sector económico que genera puestos de trabajo de mayor calidad. Recordemos que cuando su peso es del 25% en el PIB, como sucede en el País Vasco, La Rioja y Burgos, el paro no llega al 10%. Los salarios en la industria son más elevados y el trabajo más estable. Y todos estos retos precisan de un Gobierno que aporte estabilidad y esté dispuesto a poner en marcha las reformas necesarias para hacerles frente.
—El Pacto de Toledo lleva meses paralizado mientras el gasto en pensiones sigue creciendo y el déficit es supera los 18.000 millones ¿Cuánto tiempo aguantará el sistema sin reformas? ¿Qué debería ser lo más inmediato?
—Es fundamental la lucha contra la economía sumergida, ya que su peso en el PIB es de un 23%, frente al 13% de Europa, y su afloramiento aportaría en torno a 230.000 millones de euros a la economía española. Desde CEOE llevamos mucho tiempo reclamando que se ataque con firmeza este problema, porque además del agujero que está generando a la economía del país, para las empresas supone una grave competencia desleal. Acabar con la economía sumergida permitiría además aligerar la fiscalidad de las empresas que hacen bien las cosas, algo que redundaría positivamente en su competitividad. Volviendo a la comparativa con Europa, mientras que las cotizaciones sociales en España son del 30%, en el resto de la Unión Europea se sitúan por debajo del 25%; y si hablamos del Impuesto sobre Sociedades, el tipo en nuestro país es del 25%, frente al 22,5% de la media europea.
«La España de la desaceleración en la que vivimos necesita estabilidad y moderación»
—PSOE y Podemos son partidarios de liquidar la reforma laboral ¿Que supondría en este momento?
—Creo que hay aspectos concretos de la reforma ladoral que podríamos mejorar, como las bolsas de precariedad que se han generado por la mala utilización de la reforma en el ámbito de las externalizaciones. Sin embargo, conviene recordar que en España un 80% de los empleos son indefinidos. Y no tengo ninguna duda de que en este tema podríamos llegar a acuerdos con los sindicatos. Pero nosotros donde queremos trabajar es en el diálogo social porque en este espacio en el que somos capaces de conseguir muchos éxitos. Las empresas necesitan reformas para adaptarse a la realidad cambiante que trae consigo la digitalización y la globalización y necesitan mayor flexibilidad y seguridad. Pero todo ello debería tratarse en el diálogo social.
—Vamos, que reclama al Gobierno que les deje hacer.
—Llevamos cuatro años de inestabilidad política. Es una situación que no genera un espacio cómodo para la actividad de las empresas, que lo que necesitan es diálogo social. Esa inestabilidad ha desembocado en un sistema de normativas a base de reales decretos, que son como contratos de adhesión que no admiten la negociación. Tenemos el ejemplo del decreto del registro horario, que ha generado numerosas dudas y dificultades para su aplicación. No queremos un Gobierno de real decreto.
«Se habla mucho de Gobierno de progreso, pero los empresarios somos el progreso porque creamos riqueza y empleo»
—¿Qué le parece que el PSOE mantenga su propuesta de subir el Impuesto sobre Sociedades?
—En España no sé por qué existe el mantra de que las empresas pagamos pocos impuestos, cuando no es verdad. Las compañías españolas tributan un 25%, así las empresas soportan una mayor presión fiscal que la media de sus países competidores. La consecuencia de esto es que a las empresas españolas les cuesta más atraer talento. ¿Cómo van a atraer talento las empresas si se sube el 7% las cotizaciones sociales para los trabajadores que tengan salarios de 45.000 euros? ¿Cómo atraer a empresas o directivos si se paga más impuestos que en Portugal? Elevar la presión fiscal es una forma de romper la competitividad de las empresas y desincentivar a los empleados, castigando el ahorro. Valgan como ejemplo las últimas empresas que han trasladado su sede a Portugal por motivos fiscales.
—¿La patronal europea, de la que usted es vicepresidente, ha alertado de los peligros de poner en marcha una tasa Google unilateralmente como pretende el Gobierno?
—Mantenemos el mismo criterio que nuestros socios europeos de Business Europe, pensamos que es preferible un impuesto que se adapte al marco más amplio posible, es decir, a nivel internacional. No obstante, es deseable que un mismo negocio tribute igual con independencia de la estructura internacional que tenga, cosa que ahora mismo no ocurre en todos los casos. Sería deseable que se aplicara el principio del «level playing field», es decir, “mismas reglas, mismo campo de juego” o “mismos servicios, mismas reglas”, como decimos en CEOE. Debemos evitar siempre la doble imposición».
—¿Qué implicaría subir el salario mínimo a 1.000 o 1.200 euros a final de legislatura como pretende Podemos y PSOE?
—Los empresarios somos los primeros a los que nos gustaría subir el SMI, pero siempre vinculado a la productividad. Hay que recordar que la productividad por ocupado sigue siendo negativa. Si a esto se le une el repunte de la remuneración por asalariado hasta el 1,8%, los costes laborales unitarios crecen un 2,1%, lo que puede implicar pérdida de competitividad de la economía. Como le decía, una economía internacionalizada como la nuestra y la pérdida de productividad en España nos hace perder competitividad en un mercado global. Es en el diálogo social donde se debe plantear la subida del salario mínimo; es donde se podrían abordar las peculiaridades de sectores y zonas geográficas.
—La política ha encallado, pero la CEOE y los sindicatos mantienen las negociaciones abiertas. ¿Es posible un acuerdo en el diálogo social antes de que los políticos se pongan de acuerdo?
—La CEOE siempre ha mantenido una apuesta firme y decidida por el diálogo social, como columna vertebral de nuestro sistema de relaciones laborales, que es lo que ha permitido la paz social en los últimos 40 años, sin duda la mayor infraestructura de nuestro país. A nosotros nos gusta destacar un dato que creo que es muy significativo, y es que en estos momentos tenemos 5.000 mesas de diálogo abiertas entre trabajadores y empresarios, y recordemos el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que firmamos con los sindicatos hace ahora un año. Creo, honestamente, que empresarios y sindicatos estamos dando un ejemplo a los políticos de cómo acercar posiciones y llegar a consensos, buscando lo que nos une y no lo que nos separa.
—¿En qué materias se dan las condiciones para un entendimiento entre los agentes sociales?
—Tanto las organizaciones empresariales como los sindicatos tenemos claro que hay que poner en marcha reformas estratégicas urgentes que necesita el país en ámbitos como la educación, la formación profesional, la industria y la energía, la digitalización o combatir la economía sumergida. Por eso nos hemos puesto a trabajar para avanzar y ponerlos en la agenda política, porque estos son los temas que nos ocupan y nos preocupan a los ciudadanos, no otros. En el actual escenario político, ambas partes asumimos nuestra responsabilidad como agentes sociales porque no nos podemos permitir esta parálisis, y menos con una desaceleración económica.
«ATA debe tener el reconocimiento social y económico acorde a su importancia»
— Han pasado ya seis meses de la integración de los autónomos con su organización más representativa en la CEOE. ¿Qué valoración hace?
—La incorporación de ATA a la CEOE es clave porque se trata de un colectivo con gran peso en nuestra economía y merece tener el reconocimiento social y económico acorde con su importancia. Con esta integración se facilitará dar una mejor respuesta a las necesidades de los autónomos. Porque en la CEOE cabemos todos, somos más de 4.500 organizaciones, tres millones de empresas y autónomos que están representados en todos los sectores económicos y, aunque suene a tópico, no cabe duda de que juntos somos más fuertes.
— El «proces» ha empujado a salir de Cataluña a más de 5.200 empresas ¿Qué condiciones deben darse para que vuelvan?
—Para que se produzca ese retorno de empresas a Cataluña es imprescindible que se garantice de manera inequívoca el cumplimiento del ordenamiento jurídico, porque la ley es la base de la democracia. No olvidemos que la salida del tejido empresarial se produjo debido a la inseguridad jurídica generada por los acontecimientos políticos. Es necesario restituir la confianza perdida y crear un escenario que favorezca la actividad económica para promover esa vuelta de las empresas, lo que tendría un impacto positivo en la economía y en el conjunto de la sociedad catalana, que no se merece esta situación.
