La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acude a los tribunales para evitar dar datos sobre la moneda del Rey

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha llevado a los tribunales una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que le instaba a publicar los costes de producción y distribución de la nueva moneda de un euro acuñada con la efigie de Felipe VI.

El pasado mes de marzo, un ciudadano presentó esta solicitud en el Portal de la Transparencia, pero menos de un mes después la Dirección de la Fábrica de la Moneda y Timbre le negó esa información alegando que su divulgación podría suponer un perjuicio para sus intereses económicos y comerciales, una de las limitaciones, apunta, que contempla la Ley de Transparencia.

No conforme con esta respuesta, el ciudadano en cuestión presentó una reclamación al Consejo de Transparencia que, a su vez, la trasladó a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hacienda para que la Casa de la Moneda pudiera hacer las alegaciones oportunas.

Datos «estratosféricos»

En sus alegaciones, el citado organismo de Hacienda justificó su negativa a publicar esos datos en que, con la divulgación de información solicitada, «se puede deducir fácilmente el coste por millar de monedas», un dato que, según arguye, es «estratégico» para la Fábrica de la Moneda.

Asimismo, subrayó que la FNMT sólo es el fabricante de las monedas y que es el Banco de España el que rinde cuentas de los costes a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera que depende del Ministerio de Economía.

Pero el Consejo de Transparencia reseñó en una resolución recogida por Europa Press que conocer el coste económico de la inversión en nuevas monedas por el cambio en la Jefatura del Estado, que ha sido asumida con fondos públicos, «responde plenamente a la finalidad última para la que fue aprobada la Ley de Transparencia y para la que fue encomendada a este organismo las competencias para velar por su ejecución».

La petición ciudadana

Además, entiende que la reserva «estratégica» que alega la Casa de la Moneda implicaría que los intereses económicos y comerciales de cualquier entidad que contrate con la Administración podrían verse perjudicados haciendo pública la información sobre el coste de sus servicios.

«En definitiva --subraya la resolución--, no se considera que suministrar los costes derivados de la producción y distribución de las nuevas monedas de euro suponga un perjuicio para los intereses comercial de la Fábrica de Moneda y Timbre», por lo que el Consejo de Transparencia instaba al citado órgano a estimar la reclamación ciudadana y a proporcionar, en el plazo de quince días, la información requerida.

Como la resolución del Consejo de la Transparencia es firme por la vía administrativa, la FNMT ha decidido, en lugar de proporcionar la información, presentar en los tribunales un recurso contencioso-administrativo.