España pide que no se retrase el debate de las sanciones en el Ecofin

El consejo de ministros de Economía de los países de la UE (Ecofin) que se celebrará la semana que viene aprobará, con toda seguridad, el dictamen de la Comisión Europea que constata que España y Portugal no han tomado acciones efectivas para contener el déficit público, lo que abrirá el trámite para eventuales sanciones.

El documento con la opinión de la Comisión no será hecho público hasta hoy por la tarde, después de un debate muy delicado en el seno del colegio de comisarios en el que, no obstante, se han tenido en cuenta los esfuerzos que también ha hecho el Gobierno español para volver a poner al país en la senda de la recuperación. Una vez que el Ecofin apruebe como es previsible la recomendación de la Comisión, el mecanismo jurídico entra en un periodo en el que los siguientes pasos son automáticos.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se desplazó ayer a Estrasburgo para reunirse -por separado- con los dos comisarios competentes, el vicepresidente responsable de la zona euro, Valdis Dombrovskis y el francés Pierre Moscovici, a los que se presupone una actitud opuesta, la de rigidez en el caso del primero y de más flexibilidad en el del segundo.

Ayer ambos parecían estar de acuerdo en invocar en todas sus intervenciones sobre el tema el término de un «uso inteligente» de la reglamentación que ha de aplicarse. El vicepresidente fue preguntado por el tema por el eurodiputado popular español Pablo Zalba durante su audiencia parlamentaria para asumir las funciones que deja el comisario británico y dijo que España debería continuar con los ajustes en la línea de lo que ya ha hecho el Gobierno «y que apreciamos». Moscovici, por su parte llegó a decir que la Comisión «no tiene intención de utilizar con objetivos punitivos» las reglas del pacto de estabilidad.

En todo caso, la gestión de Guindos no tenía como objeto ni negociar ni pactar una decisión que ya ha sido tomada, sino según todos los indicios informar a los dos comisarios en detalle de la complicada situación política española.

Según fuentes del Ministerio de Economía, al Gobierno le interesa que el expediente no se retrase, a pesar de la desagradable consecuencia de tener que asumir las consecuencias políticas de esta decisión. Guindos ha dicho siempre que está seguro de que las sanciones no tendrán lugar aunque se abra el procedimiento.

El asunto más delicado son los fondos estructurales, que según el pacto de estabilidad quedarían congelados aunque según fuentes de Economía esto «no tiene impacto» porque no afecta a los que ya están comprometidos.

Pero por otro lado, el Gobierno no puede hacer un cálculo mínimo de los presupuestos de 2017 sin saber qué sucederá con las partidas que necesitan cofinanciación europea.

El debate sobre las sanciones a España ha causado una extraordinaria irritación en el seno de la delegación española del PP en el Parlamento Europeo, que ha usado todos los mecanismos políticos a su alcance para hacer llegar su descontento tanto al vicepresidente Dombrovskis como dentro del propio grupo político popular, en el que las presiones rigoristas de algunos aliados alemanes han creado una impresión de desamparo.