El Gobierno rechaza la propuesta de empresarios y sindicatos y el acuerdo sobre los ERTE se atasca
La CEOE, CC.OO. y UGT plantearon al Ejecutivo extender las condiciones actuales hasta septiembre
La negociación para la prórroga de los ERTE de fuerza mayor sigue sin avanzar. El Gobierno ha rechazo hoy la propuesta conjunta de los empresarios y los sindicatos que pasaba por extender de forma automática este esquema hasta el próximo 30 de septiembre pero en idénticas condiciones a las actuales. Según fuentes cercanas a la negociación, la iniciativa abría la puerta además a una nueva extensión hasta final de año, tal y como demandaban los agentes sociales desde el comienzo de las negociaciones. Así, la reunión de la comisión tripartita ha finalizado sin acuerdo y, de momento sin nueva fecha de convocatoria, aunque las mismas fuentes no dan por perdida la posibilidad del acuerdo. Fuentes del ministerio de Trabajo insisten en «buscar un acuerdo para esta prórroga» y muestran su «confianza en el diálogo social».
El hecho de que sindicatos y empresarios vayan de la mano pone de manifiesto la relevancia que tiene la figura de los ERTE para el futuro de las empresas y, por extensión, del empleo. El movimiento añadía más presión al Ejecutivo , pues en los últimos años no se recuerda una respuesta conjunta de empresarios y sindicatos tan contundente y en una materia tan relevante.
La comisión tripartita que forman Gobierno y agentes sociales para debatir el futuro de los ERTE se reunía hoy a las cuatro de la tarde para avanzar en las negociaciones después de que el lunes la cita terminara sin acuerdo y el Gobierno decidiera desistir en su intención de llevar un documento sobre este tema al consejo de ministros de hoy. Actualmente los ERTE por fuerza mayor tienen validez hasta el 30 de junio.
La propuesta que el Ejecutivo presentó ayer proponía su extensión hasta el 30 de septiembre y no limitaba la vigencia de los ERTE por estado de alarma a determinados sectores, como inicialmente se había barajado, sino que los vincula a que sigan existiendo restricciones derivadas del Covid que «impidan o limiten la actividad». Estas restricciones incluyen las limitaciones a la movilidad, aforos y equivalentes y las medidas de prevención y contención sanitaria.
Además, mantenía la limitación a los despidos por causas objetivas que se estableció en el pasado acuerdo y que elevaba el coste de despedir a 33 días por año trabajado frente a los 20. Igualmente, quedaba aplazada la suspensión de los contratos temporales, entre los que se incluyen también los de formación o interinidad. Esto en la práctica se traduce en que el empresario debe prorrogar estos contrato. De igual modo, las empresas debían ir incorporando a su plantilla dando prioridad a los ajustes en reducción de jornada y quedan limitadas las horas extra y las nuevas contrataciones si la empresa tiene algún trabajador en ERTE.
Menos exenciones en cuotas
Otro de los grandes focos de conflicto fueron las exoneraciones a la Seguridad Social. El Gobierno planteaba que los trabajadores que siguen en ERTE, en empresas que tienen menos de 50 trabajadores, la exención en julio fuera del 35%, en agosto del 25% y en septiembre del 15%. Si la empresa supera los 50 trabajadores, las exenciones se reducían al 20%, 10% y 5% para los respectivos meses. Esto suponía una fuerte reducción, pues en los ERTE por fuerza mayor de marzo se estableció una exoneración del 75% para las empresas con más de 50 trabajadores y del 100% para las que tuvieran menos de 50 trabajadores. Estas exenciones se mantuvieron en mayo y junio, aunque se fijaron nuevos porcentajes para los ERTE que incorporaran trabajadores.
En concreto, las exenciones se situaron entre el 45% y el 85% para los trabajadores que volvieran entre mayo y junio. También esos porcentajes se rebajan en la propuesta del lunes. Las empresas con menos de 50 trabajadores tendrían una exoneración del 60% en julio, del 50% en agosto y del 40% en septiembre; mientras que las de mayor tamaño se movían entre el 35%, el 25% y el 15%.
