Desvío del 600% en la mayor obra pública de la Generalitat

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña confirmó ayer, en un informe, una serie de irregularidades llevadas a cabo en la construcción de la línea 9 del metro barcelonés, iniciada en 2003 y que todavía no ha finalizado. Entre las disfunciones, el órgano autonómico fiscalizador de la administración pública señala que el coste de la construcción a fecha de 2016 se habría elevado un 251,5 por ciento respecto a lo presupuestado en 2002. También señala, indirectamente, que este sobreprecio es mucho mayor.

El informe 24/2020 de la Sindicatura se centra en el gasto de la línea 9 a través de la empresa pública de la Gene ralitat Infraestructures.cat. El informe se cierra a 31 de diciembre de 2016, cuando se cifra un coste de construcción de 6.916,47 millones de euros (de los que 2.120,24 millones son costes financieros), superando en 4.949,01 millones lo presupuestado inicialmente en 2002: un 251,5 por ciento más.

Sin embargo, en el informe también se concreta que hasta 2016 se habían adjudicado 1.093 contratos para la obra por un valor de 13.102,80 millones de euros, de los que 2.917,76 millones corresponden a adjudicaciones de obra presupuestaria y sus modificaciones (ya gastados); y 9.837,32 millones a los contratos de concesión de obra de las estaciones, que están comprometidos pero no gastados. Por lo que la Sindicatura calcula que el coste final ascenderá por lo menos a más de 13.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, tendría un sobreprecio del 665,97 por ciento sobre lo presupuestado inicialmente.

Las obras de la línea 9 siguen sin finalizar al completo casi 20 años después de su inicio y gran parte de las que faltan están paralizadas. Apenas están en marcha dos ramales, uno de ellos permite el acceso en metro al aeropuerto Barcelona-El Prat.

La Sindicatura también detecta otra serie de irregularidades, como por ejemplo la «prohibición de contratar» que le atribuye al que fuera presidente de Infraestructures.cat Josep Lluís Qu er (que entre otros casos está siendo investigado en la Audiencia Nacional por el conocido asunto del 3 por ciento) al ser, a la vez que presidente de esta empresa pública, el administrador único de una UTE (unión temporal de empresas) que obtuvo en 2011 una adjudicación por valor de 0,64 millones de euros.

Y, entre otras advertencias, el ente fiscalizador también pone en duda la tarea que entre 2011 y 2015 llevó a cabo la Oficina Técnica de Evaluación para descartar a los licitadores y detecta varios «incidentes» en diez contratos fraccionados «indebidamente» por GISA (anterior a Infraestructures.cat) e Ifercat.