La dejadez del Gobierno encarece en 500 millones el rescate de las radiales
Los acreedores de estas vías y Fomento aseguran que al coste final habrá que añadir intereses de demora millonarios
Como si de un jeroglífico egipcio se tratase, el rescate de las autopistas de peaje quebradas se ha convertido en un enigma imposible de descifrar para el Gobierno de Pedro Sánchez . Fomento debería haber calculado en enero de 2019 el coste que tendrá para los españoles la expropiación de estas carreteras. Pero casi un año después, la estimación sigue sin llegar . Y lo que es peor, desde el Ejecutivo reconocen ya a este periódico que ni siquiera saben cuándo van a tener preparada esta previsión.
Este retraso, que según el departamento dirigido por José Luis Ábalos se debe a que «el cálculo es complejo» , está engordando la factura definitiva que tendrá que afrontar la Administración. Tanto los fondos acreedores de estas carreteras como el Ejecutivo reconocen que al cálculo del rescate habrá que sumar unos intereses de demora millonarios generados por la tardanza del Ministerio de Fomento en cifrar estas compensaciones. Según los fondos, estos intereses rondarán los 500 millones de euros , lo que llevará el coste total del rescate por encima de los 4.000 millones de euros.
Estas son las estimaciones que maneja el sector, si bien todas las partes implicadas admiten que el rescate de las radiales generará un coste millonario para las arcas públicas que el Estado tendrá que afrontar durante los próximos años.
El caso se remonta ya 15 años, cuando varias concesionarias construyeron, por mandato del Gobierno del Partido Popular, nueve autopistas de peaje ( la R-2, R-3, R-4, R-5, la M-12, dos tramos de la AP-7, la AP-41 y la AP-36 ) que perseguían sobre todo mejorar los accesos a Madrid. El contrato de concesión que firmaron las empresas privadas y el Estado para la explotación de estas carreteras establecía que, si estas autopistas de peaje no eran rentables, la Administración debería hacerse cargo de ellas y compensar económicamente a las concesionarias que las desarrollaron a través de una cláusula conocida como Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).
Quiebra
Los peores presagios terminaron por cumplirse: el tráfico de estas vías se desplomó durante la crisis y, cuando las deudas ahogaban a las concesionarias, los fondos oportunistas se hicieron con la mitad del pasivo con la intención de recibir una parte de la compensación del Estado.
Una vez confirmada la quiebra de las concesionarias que gestionaban estas vías, el Gobierno comenzó el rescate de las carreteras, un proceso que empezó en 2018 y se completó a principios de año . La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seitt) pasó de esta forma a ser el administrador de estas infraestructuras. Y a principios de año, el Ministerio de Fomento decidió mantenerlas bajo titularidad estatal y aprobar una rebaja del peaje del 30% para fomentar su uso.
Esta premura contrasta con las demoras que está protagonizando el Gobierno a la hora de calcular el coste que tendrá el rescate de estas carreteras . El anterior Ejecutivo, que tenía previsto relicitar estas autopistas por unos mil millones de euros para amortiguar este desembolso, realizó un cálculo preliminar que cifraba la RPA de estas infraestructuras en 1.800 millones de euros.
En un principio, el Gobierno de Pedro Sánchez mantuvo esta previsión: el plan presupuestario remitido a la Comisión Europea en 2018 también hablaba de 1.800 millones . Sin embargo, en mayo de este año, el Ejecutivo confeccionó una fórmula para calcular esta indemnización que fue publicada en el BOE y que, según el sector, elevaba a más de 3.300 millones estas indemnizaciones . En este caso, la cifra máxima por las obras de construcción asciende a 2.917 millones y la de expropiaciones de terrenos a 388 millones.
Complejidad
El Gobierno, sin embargo, no ha confirmado que esta cifra es la que corresponderá con el rescate definitivo. «Debemos estudiar los distintos parámetros para poder hacer el cálculo , tarea muy laboriosa que requiere un gran esfuerzo y dedicación por parte del Ministerio. Sirva de muestra para ilustrar esta complejidad, que para el cálculo de los aspectos relacionados con las expropiaciones hay que revisar los expedientes de más de 17.000 fincas para determinar los pagos realizados, la determinación del justiprecio, las sentencias dictadas, los intereses de demora, etc...», explican desde el Ministerio de Fomento.
La decisión de establecer esta cuantía no tendría por qué verse condicionada por los vaivenes políticos , ya que es puramente una decisión administrativa. Pese a ello, el asunto se ha enquistado. Los fondos acreedores reconocen que hace meses que no tienen ningún tipo de contacto con el Ministerio de Fomento.
Estas empresas, de hecho, han llegado a recurrir al P ortal de Transparencia para que arroje luz sobre el rescate, lo que pone de manifiesto la confusión que existe respecto al proceso.
Por ejemplo, respecto a cuándo se abonará el rescate. El Gobierno provisionó 1.800 millones el año pasado para hacer frente a la RPA, una cifra que, según explicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, en una entrevista con este periódico, provocó que el déficit público de 2018 engordara dos décimas y llegara al 2,6% . La realidad, sin embargo, es que el Estado todavía no ha abonado ni un solo euro por el rescate de las radiales.
Los fondos confían en que todo este embrollo sea resuelto por los tribunales. La batalla legal , pese a que el Gobierno no ha realizado el cálculo, ha comenzado, ya que las concesionarias y los fondos de inversión llevaron al Tribunal Supremo la fórmula que diseñó el Gobierno para cifrar el coste que tendrá la expropiación. Cuando el Ministerio de Fomento publique el cálculo definitivo sobre el rescate, este también será recurrido. Y el Alto Tribunal decidirá de forma definitiva la indemnización final. Será el epílogo para un proyecto ruinoso que lleva ya casi una década persiguiendo al Estado.
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