El déficit superó los 120.000 millones y acabó 2020 en el 10,97% del PIB
El desequilibrio público ya es el mayor de Europa y marca récord desde 2009
España cerró el año pasado con un desequilibrio de las administraciones menor a lo previsto, pero con el mayor desfase de la Unión Europea, al menos según lo estimado y publicado hasta el momento. El déficit público acabó 2020 en el 10,09% del PIB, el 10,97% si se incorporan las pérdidas de la Sareb que Eurostat ha incluido desde el año pasado en el perímetro del sector público. La integración de Sareb ha elevado el déficit en 9.878 millones provocando, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una estimación «de máximos » de las pérdidas del llamado ‘banco malo’ que redundará en que no provoque un mayor roto en las cuentas en los siguientes ejercicios.
Hacienda también ha aprovechado que el año pasado no había reglas fiscales y ha incluido 1.400 millones de euros de déficit por el impacto en las cuentas públicas del pago de la deuda del proyecto Castor a las entidades financieras que adelantaron la compensación a ACS y a Dundee.
Como fuere, este 10,97% del PIB supone el mayor déficit entre los países europeos y el más alto para España desde 2009, cuando alcanzó el 11,2%. Las reglas fiscales volverán en algún momento y, cuando lo hagan, España puede volver a estar en la diana de los mercados, lo que hace aconsejable que el Ejecutivo publique un plan de reequilibrio que recoja cómo piensa volver a sanear las cuentas públicas. Un plan al que la Ley de Estabilidad obliga a que Hacienda lo hubiera presentado a finales del año pasado, pero que Montero postergó ayer. « Es precipitado, tenemos meses por delante », aseveró Montero, quien señaló que esperará a que Europa vuelva a activar las reglas fiscales, así como al avance del debate para reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
« No tenemos que esperar a que nos venga de Europa, por mucho que se quieran cambiar las reglas fiscales. Abril va a ser el mes en el que veamos si despega la vacuna o no. Será entonces cuando habrá que calibrar ese plan, hay que intentar no alargarlo mucho. Es crucial: Alemania, Países Bajos y Finlandia ya tendrán un déficit del entorno del 3% el año que viene, lo que hace pensar que impulsarán una vuelta de las reglas fiscales ya para 2023. Nosotros también tenemos que participar en este debate y ayudaría un plan de consolidación creíble», reposa el director de coyuntura de Funcas, Raymond Torres. La Autoridad Fiscal y el Banco de España han reclamado en repetidas ocasiones que Hacienda publique este plan de reequilibrio, sin éxito.
Hasta entonces, el déficit aumentó en 87.435 millones durante el año de la pandemia hasta los 123.072 millones de euros. El gasto público se incrementó el año pasado en 53.070 millones y los ingresos cayeron en 24.487 millones. Una de las grandes sorpresas fue la recaudación tributaria, que se redujo un 8,8%, porcentaje menor al 9,9% de bajada del PIB nominal, con figuras como el IRPF subiendo un 1,2% pero con el Impuesto de Sociedades desplomándose un 33,2% hasta los 15.858 millones. El IVA se contrajo un 11,5%, a rebufo del desplome del consumo, y los Impuestos Especiales se redujeron un 12,1%. En definitiva, los ingresos tributarios se contrajeron en 18.757 millones: de 212.808 millones de 2019 hasta los 194.051 millones en 2020.
Esto ha supuesto una de las novedades de esta crisis frente a la anterior, cuando la recaudación se desplomó muy por encima de lo que lo hizo el PIB, ante el aumento de la economía sumergida y el estallido de la burbuja inmobiliaria, con su correspondiente ajuste en los ingresos. Ello se debe, como indican las cifras, a la protección de los ERTE.
Curiosamente, las compras del BCE lograron que la única partida que redujo su desembolso, pese al espectacular aumento de la deuda pública, fuera la de los intereses: alcanzaron los 25.192 millones de euros, es decir, un 11,1% menos.
«La clave va a ser cómo van a pasar de los ERTE los trabajadores cuando estos acaben, porque si pasan al desempleo, eso al Estado le va a suponer un fuerte incremento del gasto», reflexiona el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso, quien pone el dedo en la llaga del turismo: «Si no se recupera, tendremos un problema de paro de larga duración».
Por subsectores, el Estado aumentó su desequilibrio un 412,5%, al pasar de 16.399 millones a 84.051, es decir, un 7,49% del PIB de déficit, asumiendo el 70% del déficit. Ello fue así por el incremento de transferencias a otras administraciones un 35,2%, con 42.013 millones, la mayor parte a la Seguridad Social (22.357) y comunidades autónomas (16.000). Así, estas últimas tuvieron un déficit del 0,21% del PIB, las entidades locales lograron un superávit del 0,26% y la Seguridad Social alcanzó un resultado negativo del 2,65% del PIB.
De cara a la Seguridad Social , su agujero se ha duplicado hasta los 30.000 millones de euros, en un año en el que los ERTE han supuesto un gasto de 15.549 millones. Con estos mimbres, las cotizaciones sociales ingresaron un 0,9% más, debido al efecto de los ERTE pero también del incremento salarial de los empleados públicos durante 2020, que fue precisamente del 0,9%.
La vacunación es el factor clave para proyectar cuál será el déficit de 2021, cuya estimación ahora es del -7,7% del PIB. Pero también dependerá del impacto de los fondos europeos. Pese a que el Ejecutivo proyectaba entregar el plan de recuperación, con los proyectos y las reformas, a Europa antes de acabar en marzo, finalmente el Gobierno va a retrasar a «antes de que acabe abril» , que es la fecha límite que fija Bruselas, la remisión de este plan.
Lo que sí ha señalado Montero es que el Ejecutivo aprobará en unas semanas en Consejo de Ministros las áreas en las que la Autoridad Fiscal evaluará el gasto público, como reclamaba la Unión Europea hace meses, con un horizonte a tres años que incluirán las fichas que se remitan a Bruselas en esta nueva fase del 'spending review', cuyo retraso había denunciado la Autoridad Fiscal .
Cambios en los 11.000 millones a empresas
Junto a ello, Montero ha abierto también la puerta a que se modifique la aprobación de 11.000 millones en 7.000 millones de ayudas a pymes y autónomos, además de recapitalizaciones y reestructuraciones de los préstamos ICO. El decreto se aprobó la semana pasada por el Congreso de los Diputados, pero ahora las Cortes van a tramitarlo como proyecto de ley, donde se podrán incluir enmiendas. «Va a sufrir alguna modificación», ha aseverado la ministra de Hacienda. Las comunidades gobernadas por el PP criticaron el reparto de unas ayudas directas que gestionarán las regiones y que Madrid denunció le perjudicaba, mientras que ATA reclamó que el plan dejaba a numerosos colectivos fuera.
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