David contra Goliat: El sector platanero lucha por flexibilizar la Ley para ganar la batalla a la banana
Nueva Canarias ha registrado en la Cámara Baja una enmienda al proyecto de Ley de la Cadena Alimentaria, para que a los 8.000 productores no se les aplique esta obligación, por la fuerte competencia de la banana importada de terceros países
Nuevo episodio en la competencia entre el plátano de Canarias contra la banana, del David canario contra el Goliat de potentes multinacionales, que producen en terceros países. La reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria se acerca a su fase definitiva en el Congreso de los Diputados y los 8.000 productores españoles , agrupados alrededor de Asprocan (Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias), luchan para que no se les aplique la obligación de vender por encima de los costes de producción. Nueva Canarias (NC), a través de su único diputado Pedro Quevedo , ha presentado una enmienda al proyecto de Ley de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria en este sentido.
La modificación se está negociando en estos momentos- el plazo para presentar enmiendas acaba de ampliarse, por enésima vez, hasta el próximo 10 de marzo- y contaría con la complicidad de grupos políticos como el PP, Ciudadanos o Coalición Canaria . Fuentes populares han dado casi por hecho el apoyo a propuestas que vayan en esta línea. La pelota queda en el tejado del PSOE, que gobierna en coalición el archipiélago y que, en el Senado, ya rechazó una enmienda similar en diciembre en un giro de última hora.
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En concreto, la propuesta añade una nueva «Disposición Adicional Séptima» en el que se especifica que «a las relaciones entre los operadores de la cadena alimentaria del Plátano de Canarias (IGP del plátano cultivado en el archipiélago de las Islas Canarias) no le serán de aplicación los artículos 9.1 c) y j) y el 12 ter de la presente Ley». Es decir, la referencia a la cobertura del coste de producción o coste efectivo de producción en que se haya incurrido, cierta información contractual, así como que no se repercutan en el eslabón inmediatamente anterior de la cadena alimentaria los riesgos derivados de la política comercial.
En el fondo, la «Guerra Fría» contra la banana, producida en países tropicales y africanos por auténtico conglomerados empresariales. «Los costes de las grandes multinacionales son muy inferiores. Es una lucha de David contra Goliat: esta es una Ley que no pedimos, que es todo lo contrario de lo que planteamos», ha especificado.
15.000 familias, pendientes del Congreso
El sector platanero español está lejos de asemejarse a una gigantesca multinacional y es el único de estas características que ha logrado funcionar bajo una única Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Plátano de Canarias» , lo que le confiere un importante grado de protección ante terceros países y, en la actualidad, ocupa a unos 8.000 productores que genera entre 10.000 y 12.000 empleos directos y 4.500 indirectos de los que depende el destino de 15.000 familias del archipiélago. Además cuenta con un 96% de penetración en el mercado nacional y su contribución directa es de 430 millones de euros. A diario se exportan un millón de toneladas desde las islas a la Península, generando una producción total de unas 420.000 toneladas anuales.
Para el presidente de Asprocan (Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias) Domingo Martín, si no se flexibiliza de alguna forma «al implicar un precio mínimo, esto nos obliga a dejar entre un 10% y un 30% de la producción en Canarias» . En concreto, en base a al volumen y precios del plátano en 2016, 2017, 2018 y 2029 se estima un precio mínimo «en verde» (recién recolectado) de 0,69 euros/kg y un impacto económico directo de la norma de 259 millones de euros en cuatro años tras retirar hasta un tercio de la producción. «Dejaríamos un hueco en el mercado, que sería inmediatamente rellenado por la producción de la competencia -la banana- y esto aseguraría la muerte del sector, ya que se perdería cuota de mercado», ha apuntado.
Además, el máximo responsable de las asociaciones de productores de plátano de Canarias ha recordado que «la Ley de la Cadena Alimentaria no se aplica a los productos extranjeros» en referencia a la banana, donde los gastos son mucho menores. En su opinión, aunque ha elogiado los objetivos de la norma que se tramita en el Congreso de los Diputados, ha mostrado su temor de que tenga el efecto perverso de «castigar el producto nacional y potenciar la importación extranjera».
Martín ha añadido que prefijar un precio mínimo en el lado de la producción es «muy pronto», porque el valor real del producto según su opinión se conoce tras su transporte « en dos o tres semanas» en función de los kg disponibles en cada momento. «Para nosotros esto es tremendamente inadecuado, porque bloquea la comercialización», ha explicado.
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