La construcción de nuevas líneas de AVE se desploma a mínimos históricos

La parálisis política ha lastrado fuertemente el que es uno de los buques insignia de la industria española, la construcción de líneas ferroviarias de alta velocidad. Hasta el pasado mes de octubre (últimos datos disponibles), ADIF Alta Velocidad licitó obras por 222,6 millones de euros, según los datos proporcionados por la patronal de las principales firmas de construcción (Seopan). Esta cuantía resulta inferior en un 77,6% -o, lo que es lo mismo, en cerca de 769,5 millones de euros- a la contabilizada durante el mismo periodo de 2015, cuando se situó en 992,1 millones.

A la interinidad del Ejecutivo se han sumado las reclamaciones de las constructoras en las conexiones de alta velocidad de Galicia y País Vasco.

Las compañías exigen millones de euros en sobrecostes, lo que ha provocado un pulso entre la compañía pública y los contratistas en el que se han sucedido amenazas de rescisión de los contratos e, incluso, la paralización de los trabajos como medida de presión. El propio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien se reunió el pasado lunes con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, evitó ratificar 2018 como fecha de inauguración del AVE a Galicia. «No vamos a cejar en el empeño, pero no estoy en condiciones de hablar de un plazo concreto», reconoció tras apelar a la «prudencia» para medir el «impacto» de «un año sin un Gobierno central».

Caída vertiginosa

Las estadísticas de Seopan dan muestra de lo acentuado del descenso: la cifra provisional de este año, que previsiblemente quedará en el conjunto del 2016 por debajo de los 300 millones de euros, resulta más de un 92% inferior a la registrada durante 2014 (2.829 millones) y casi un 96% menor que la del máximo obtenido en 2009 (5.253 millones). En estos dos últimos casos hay que matizar, no obstante, que los datos se refieren al conjunto del grupo ADIF, por lo que se incluyen los gastos en tren convencional. La sociedad ADIF Alta Velocidad no se escindió de esta hasta 2014.

En líneas generales, no solo en alta velocidad, llama la atención cómo la licitación se ha elevado en ayuntamientos y administración local -un 20,9% en los diez primeros meses-, frente a los descensos de la Administración central (-22,9%) y comunidades autónomas (-0,1%).