El Consejo de Ministros da luz verde a la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria
El proyecto de ley supone la transposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales 2019/633 y profundiza en la primera reforma de febrero, extendiendo la obligatoriedad de los contratos por escrito a casi toda la operativa
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la reforma de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de la Cadena Alimentaria , que supone la trasposición de la directiva europea de prácticas comerciales desleales 2019/633 y viene a profundizar en los cambios introducidos el pasado mes de febrero , al calor de la ola de protestas de agricultores y ganaderos. El documento aprobado será remitido de inmediato al Congreso de los Diputados para su aprobación, y esta previsto que entre el vigor el 1 de noviembre de 2021 .
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El proyecto, que ha recibido hoy el aval del Consejo de Ministros, tiene un triple fin en declaraciones realizadas por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentacion Luis Planas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El titular de Agricultura ha apuntado que se busca «mayor transparencia en el funcionamiento, así como un equilibro en la cadena alimentaria y proteger al eslabón más débil (el de la producción)» .
Generalización de los contratos escritos
En este sentido, esta segunda reforma- la norma ya fue modificada el pasado mes de febrero a través del real decreto -ley 5/2020 que introdujo la prohibición de prácticas como la venta por debajo del precio de coste o la de retribuir a los productores por debajo de los costes de producción, entre otras medidas- supone cambios más profundos: Por ejemplo, el ámbito de aplicación de esta norma ya será solo interno sino que se convierte en comunitario siempre que participe un operador establecido en España , ya sea con otro socio comunitario o un país tercero.
De igual modo, con esta reforma, la práctica totalidad de las operaciones requerirán de contratos por escrito. El texto introduce un matiz importante para las cooperativas agroalimentarias que podrán sustituir este contrato por una prescripción concreta de los plazos pago , que haya sido aprobado por el consejo rector «con la suficiente publicidad».
Refuerzo de la AICA
También están recogidas en la actual legislación española como la modificación unilateral de los contratos en cuando al volumen o la devolución de productos no vendidos. Además se introducen nuevas infracciones y se recalifican otras como la relacionada con la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega o la exigencia de pagos adicionales sobre el precio pactado que pasará de sanción leve a grave. Por último, se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como «autoridad de control» para la supervisión de la nueva norma y se convierte en la interlocutora oficial ante Bruselas.
Al respecto, Planas ha apuntado que precisamente en el proyecto de Presupuestos la AICA ha visto su dotación presupuestaria incrementada en un 32% hasta los 8,26 millones de euros.
