El Congreso da luz verde a la 'ley rider' entre gritos de «¡Yolanda, dimisión!»
La Cámara Baja aprueba también la prórroga de los ERTE y la ayuda a los autónomos hasta el 30 de septiembre
El Congreso ha dado hoy luz verde a la conocida como 'ley rider' , que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales y que les obliga a contratarlos como asalariados en un plazo máximo de tres meses. Y lo ha hecho mientras en las inmediaciones de la Cámara Baja las pancartas y las quejas de más de un centenar de estos trabajadores reflejaban la falta de unidad con la que nace la norma. El Gobierno se ha vuelto a valer de los votos de ERC, PNV y Bildu, junto a los de Junts, la CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias para sacar adelante una norma que han rechazado PP, Vox y Ciudadanos. La crítica principal ha llegado por la falta de diálogo con un colectivo que asegura tener necesidades e intereses muy amplio y que no encajan en una norma «rígida» como la que ve la luz.
Ante estas quejas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , ha aseverado que «el derecho del trabajo no es optativo» y que la inteligencia artificial y los algoritmos «tienen que estar al servicio de los trabajadores y no al revés». Además, ha defendido que la norma se ajusta de manera «fiel» a la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado mes de septiembre que dictaminó que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral y no autónoma.
En la calle, sin embargo, las críticas tenían como único objetivo a la vicepresidenta tercera. «¡Yolanda, dimisión. Yolanda, dimisión!» , han coreado, según recoge Ep, así como «Stop 'ley riders'», en una protesta a la que se han sumado varios diputados de Vox, entre ellos el portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. En declaraciones a los medios, el presidente de la Asociación Profesional de Riders Autónomos, Jordi Mateo, ha criticado la regulación al considerar que les «discrimina» y les «priva la libertad de flexibilidad» que, ha dicho, han contado hasta ahora como autónomos.
«Queremos seguir siendo autónomos, pero no con el modelo actual, sino mejorado como en Francia e Italia, con mayor protección, pero en ningún caso con un contrato precario», ha aseverado, asegurando que los contratos que ofrecerán ahora las plataformas, a través de «empresas externas», les remunerarán «en el mejor de los casos con 400 o 500 euros y, aun así, poniendo vehículo y móvil propios».
En un debate que ha tenido que ser interrumpido varias veces por el vicepresidente de la Cámara ante los gritos de la bancada de Vox, el portavoz de laboral del grupo, Juan José Aizcorbe, ha avanzado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por no ver la urgente necesidad que requieren este tipo de iniciativas. «Gracias por su franqueza», le ha espetado la vicepresidenta. «Le están diciendo a los trabajadores que están ustedes contra ellos» , ha replicado y ha acusado que quieren perpetura «un modelo basado en la explotación».
Por su parte, el diputado del PP Diego Movellán ha reclamado un mayor «debate y consenso» para una ley con «más ideología que contenido», y que parece responder al propósito de hacer la «vida imposible» a los autónomos. Por su parte, María Muñoz, de Ciudadanos, ha centrado su crítica en la «incompatibilidad» de ofrecer tres meses para empezar un real decreto urgente.
Prórroga de los ERTE
El Congreso ha dado luz verde también a la prórroga de los ERTE, que han sido apoyada por todos los grupos de la Cámara. Díaz ha insistido en el éxito que ha supuesto este esquema, que ha atribuido a que «el Gobierno haya sorrteado la legislación del PP», y ha señalado que solo el 15% de las personas trabajadoras que estuvieron acogidas a un ERTE se mantienen actualmente.
«Los datos hablan con rotundidad», ha dicho, tras recordar que en mayo de 2021 ya se había recuperado el 80% del empleo destruido durante la primera ola. «Frente a las dos huelgas generales contra el PP, hemos abordado, por vez primera, una crisis sin recortes, sin devaluaciones, y trabajando desde el consenso en el diálogo social, con grandes acuerdos de país», ha dicho.
Ha sido el diputado popular, Tomás Cabezón, quien ha devuelto el dardo y le afeado a la ministra la negociación «in extremis» que aprobó el acuerdo. «Llegan más tarde y mal», ha dicho. «Votaremos sí, pero votamos no a toda su gestión y a un Gobierno que está más centrado en su crisis de Gobierno que en los trabajadores y sus problemas».
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