¿Cómo puede el Gobierno reducir el déficit público de las comunidades autónomas?

Bruselas mira con lupa el estado de las arcas públicas autonómicas. En su informe específico sobre España que presentó la semana pasada, la Comisión Europea llamó la atención al Gobierno sobre el excesivo déficit público de las comunidades. Las regiones cosecharon entre enero y noviembre un desequilibrio entre ingresos y gastos que alcanzó el 1,31% del Producto Interior Bruto, frente al límite anual del 0,7%. Las autonomías concentran la mayor desviación que explica que el déficit público de 2015 para todas las administraciones alcanzara el 4,5% del PIB frente al objetivo del 4,2% apalabrado con Bruselas.

«El compromiso de los gobiernos regionales es crítico para una reforma exitosa de la Administración Pública en España», describía el Ejecutivo comunitario.

Para asegurar la consolidación fiscal de las comunidades autónomas y reducir su déficit, la Comisión Europea exigía a España que desplegara una serie de medidas sobre las regiones.

Disciplina y seguimiento

En primer lugar, Bruselas pide al Gobierno que haga uso de la Ley de Estabilidad, que prevé medidas correctivas de Hacienda sobre las comunidades en caso de incumplimiento repetido. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recomendó hace un par de meses al Gobierno implantar medidas preventivas sobre las regiones con mayor problemas presupuestarios: Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Estas medidas se refieren a un mayor poder de la Intervención General del Estado –que depende del Ministerio de Hacienda– para que informe periódicamente a las regiones de su desviación y les recomiende tomar ajustes adicionales. Sin embargo, la propia Ley de Estabilidad permite al Estado elevar la presión y desplegar medidas coercitivas: desde imponer sanciones a las regiones incumplidorashasta intervenir la comunidad.

«Pese a las recomendaciones de la Airef, en 2015 no se han desplegado las medidas correctivas que recoge la Ley de Estabilidad sobre las regiones con riesgo de incumplimiento», reprocha la Comisión Europea.

Mayor información de las CC.AA.

Otra de las recomendaciones de la Comisión Europea afecta a la información incluida por las comunidades autónomas en sus cuentas. «La mayoría de gobiernos regionales siguen sin incluir en sus presupuestos y cuentas toda la información que detalla la Ley de Estabilidad», concluye Bruselas. La Comisión alude a que solo 5 de las 13 regiones que deberían haberlo hecho incluyeron en sus cuentas de 2016 información para verificar el cumplimiento de la llamada «regla de gasto».

¿Qué es la regla de gasto? Junto al déficit y la deuda pública, la regla de gasto es el tercer indicador que vigila Hacienda sobre las administraciones para verificar la sostenibilidad de sus cuentas. Se trata de un límite sobre el gasto público que impide que aumente por encima de una tasa referenciada al crecimiento de la economía.

En la época de vacas flacas, la «regla de gasto» apenas tenía importancia ya que los ajustes que acometieron las regiones y la congelación del desembolso de las administraciones, aseguraron su cumplimiento. Sin embargo, cuando la economía crece es cuando este indicador cobra importancia, ya que sirve de tope contracíclico.

Transparencia en los mecanismos de liquidez

Bruselas, además, subraya en su informe que los mecanismos de liquidez del Estado a las regiones están sujetos a condiciones, que el Ministerio de Hacienda supervisa cada mes. Sin embargo, también lamenta que la Ley de Estabilidad no obligue a publicar los informes de esta vigilancia. La propia Autoridad Fiscal, hace unos meses, denunció que la «financiación encubierta» del Estado suponía «una distorsión de las reglas del juego» que desincentiva el comportamiento de las regiones para ajustar su situación presupuestariaria.

Incentivar la planificación fiscal regional

Al igual que en el anterior punto, Bruselas no recomienda ninguna medida concreta a España en este punto. Pero sí constata que las comunidades autónomas no tienen «una fecha límite común» para que sus parlamentos regionales aprueben los presupuestos, que pueden demorarse de octubre a diciembre del año previo. Ello obstaculiza la remisión de los planes económicos-financiero de las regiones –donde las comunidades recogen sus ajustes para el ejercicio siguiente e informan de ello al Estado antes del 15 de octubre de cada año– y pone en peligro la consolidación fiscal.

Sin ir más lejos, el año pasado, en el que hubo elecciones en la mayoría de comunidades autónomas, la aprobación de las cuentas para 2016 se postergó más de lo común, ante la dificultad en algunas regiones de llegar a acuerdo por el mayor número de partidos políticos.