La CEOE gana el pulso y el registro de jornada se pactará en los convenios

La reforma que quiere que los trabajadores fichen debe estar en vigor en dos meses

Conferencia del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi EFE
Susana Alcelay

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Las presiones de la organización que dirige Antonio Garamendi han obligado al Gobierno a descafeinar una de sus medidas más polémicas: la obligatoriedad de las empresas de controlar diariamente la jornada de su plantilla Lo que en un principio parecía que sería una medida impuesta para «combatir el fraude laboral y controlar el uso de horas extras», ahora se deja la decisión a la negociación colectiva, tal y como reclamaba la CEOE . El Ministerio de Trabajo, sin embargo, « podrá establecer especialidades en la obligación del registro de jornada».

La medida obliga a que las compañías tengan en un plazo de dos meses de forma operativa un sistema de control para registrar las jornadas laborales efectivas de sus empleados. Ese registro «deberá incluir el horario concreto de entrada y salida de cada persona trabajadora». No obstante, la nueva normativa solo sienta una base legal, que será desarrollada en los convenios de cada empresa atendiendo a las particularidades de cada compañías.

Este punto ha provocado fuertes críticas desde los sindicatos, que consideran que los cambios dejan en manos exclusivas del empresario organizar y documentar este registro en empresas pequeñas. La patronal, sin embargo, celebra las modificaciones. Garamendi afirmó ayer que los empresarios están «moderadamente satisfechos» con el protagonismo que se da a la negociación colectiva para desarrollar el registro.

Durante cuatro años

Las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo.

El texto también modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que en adelante incluirá el registro de jornada como uno de los motivos que, en caso de transgresión por parte de la empresa, acarrean una sanción grave. Este tipo de sanciones acarrean multas de entre 626 y 6.250 euros para las empresas y no son individualizadas. Es decir, que en caso de que la inspección encuentre que se ha incumplido la norma, aunque afecte a muchos trabajadores, impone una sola multa.

Volver a las sirena

El presidente de ATA, Lorenzo Amor , destacó ayer que el control horario es una nueva traba para las empresas, especialmente para pymes y autónomos. Defendió la necesidad de perseguir a las empresas que «hacen mal uso de los contratos en relación a la jornada laboral», pero dijo que controlar la entrada y salida de los trabajadores en las empresas «nos devuelve al siglo pasado, al tiempo de las sirenas».

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