Trabajo cambia por sorpresa al gerente que controla los fondos de formación

Ignacio Fernández Zurita accedió al cargo en la etapa del PP, hace menos de un año, y contó con el respaldo de los agentes sociales

EFE
Susana Alcelay

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El Gobierno busca nuevo director gerente para la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, el organismo público que gestiona los cursos de formación para ocupados que, como ya informó ABC, volverán a controlar empresarios y sindicatos . Y lo hace, por sorpresa, a las puertas de unas elecciones generales, sin que haya pasado ni un año desde que Ignacio Fernández Zurita, actual gerente, fuera designado para el cargo de entre una terna de funcionarios mediante un procedimiento de libre concurrencia publicado en el BOE y negociado con los interlocutores sociales.

Fernández Zurita llegó a la Fundación desde la patronal del metal (Confemetal). Fue elegido después de que varias candidaturas fueran valoradas por un grupo técnico para su propuesta al Patronato de la Fundación. Contó con los votos a favor de la Administración General del Estado, las organizaciones empresariales y UGT, y con la abstención de CC.OO. y algunas regiones.

Ahora los interlocutores sociales no han sido informados del próximo cese, y el perfil que busca el Ministerio de Trabajo es otro distinto; está orientado a un modelo basado en subvenciones , teniendo en cuenta que en la convocatoria publicada el viernes 1 de marzo en el BOE las exigencias para lograr el cargo están enfocadas a la gestión, seguimiento y control de los fondos públicos de formación. La convocatoria la realiza la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas; el desenlace condicionará al ejecutivo que salga de las urnas.

Como ya informó este periódico, la reincorporación de los agentes sociales a la gestión económica de los fondos para la formación es ya firme después de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros y una vez publicada en el BOE el pasado 24 de diciembre la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que, a petición de la titular de Trabajo, devuelve a empresarios y sindicatos sus puestos en el órgano colegiado encargado de evaluar la asignación de las subvenciones públicas . Un órgano del que salieron tras un rosario de casos de fraude.

Fue en el año 2015 cuando la entonces titular de Empleo, Fátima Báñez, apartó de la gestión económica de la formación a empresarios y sindicatos tras las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Con esta decisión buscó garantizar la objetividad en la asignación de los fondos, dado que a estas convocatorias concurrían centros controlados por los agentes sociales. El órgano de control detectó numerosas irregularidades en las subvenciones entregadas a los agentes sociales en la convocatoria del año 2010. Salieron a la luz ayudas injustificadas, falta de control en la evaluación y coste de los cursos, una suerte de desajustes que llevaron a los responsables del Ministerio de Empleo de entonces a diseñar una reforma del sistema en profundidad en la formación que contó con fuerte rechazo de los interlocutores sociales.

La norma redujo el poder que hasta entonces habían jugado los interlocutores sociales en la formación y, en consecuencia, también los recursos que recibían por su presencia en todas las fases del sistema (diseño, organización, gestión e impartición de cursos). Los cursos comenzaron a concederse en régimen de concurrencia.

Casi 2.300 millones

El sistema de formación en España se asienta en una compleja estructura en la que están integrados el SEPE, la Fundación para la Formación, de la que forman parte el SEPE, UGT y CC.OO, el sindicato gallego CIG, y CEOE y Cepyme, y las regiones. El presupuesto de este sistema ascendió en 2017 a 2.276 millones , procedentes en su mayor parte de la cuota de formación que pagan las empresas con sus cotizaciones.

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