Turistas en la calle Lavapiés (Madrid)
Turistas en la calle Lavapiés (Madrid) - ISABEL PERMUY

El «caso Uber» da alas a los hoteleros contra las plataformas turísticas

La patronal del sector prepara «actuaciones jurídicas» tras la sentencia del TJUE

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La sentencia por la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obliga a Uber a operar con licencia de transportes, publicada el pasado 21 de diciembre, va a condicionar el encaje legal de la economía digital. La patronal hotelera y la del transporte en autobús ya preparan distintas acciones legales tomando como referencia el fallo, que podría extrapolarse a otros sectores.

Lo cierto es que el veredicto del TJUE supuso un hito. Por primera vez, el tribunal de Luxemburgo puso límites a la llamada economía colaborativa y señaló que no todas estas plataformas digitales se pueden acoger a la calificación de «servicio de la sociedad de la información». Es decir, no todas son meros intermediarios digitales, algunas pertenecen a sectores concretos.

El tribunal dio por buena la denuncia del sector del taxi a UberPop y equiparó su actividad a la de cualquier empresa de transportes, por razones como que sugiere un precio por sus trayectos o que mantiene una relación con los conductores de los vehículos. El mismo día que se publicó su fallo, el gremio del taxi advirtió de que reclamará indemnizaciones de hasta 5.000 millones de euros por los servicios que ofreció Uber Pop mientras estuvo operativo.

La importancia de este veredicto, sin embargo, trasciende a Uber, que de hecho ya cuenta con licencia de transportes en la mayoría de países europeos en los que opera.

Nuevas causas

Empresas como Airbnb, en cambio, están en el punto de mira tras este veredicto. Y es que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) pretende utilizar este veredicto a su favor. La patronal está coordinando «acciones jurídicas» a nivel europeo contra determinadas plataformas de alquiler turísticos. «La sentencia del TJUE ha supuesto una "bandera a cuadros" para estos procedimientos. Contamos con una maquinaria legal en marcha desde hace cuatro años y lo más seguro es que en pocos meses haya novedades», explica a ABC Ramón Estalella, presidente de Cehat. Estos procedimientos supondrían el primer enfrentamiento judicial entre plataformas turísticas y asociaciones hoteleras.

La sentencia europea podría incluso afectar a determinados fallos. En España, la justicia falló a favor de Blablacar en su contienda contra la patronal del transporte en autobús, Confebús. Fue un caso similar al del taxi y Uber, ya que la organización denunció a la plataforma por realizar competencia desleal. Sin embargo, en este caso los tribunales dieron la razón a la «app», a la que sí consideraron una intermediaria. En su recurso, Confebús ha incorporado la sentencia del TJUE. «Sienta un precedente que puede permitir replantear el caso», explica Rafael Barbadillo, presidente de la patronal, que insiste en que Blablacar actúa como una empresa del sector.

Conviene, sin embargo, ser prudentes respecto a todos estos procedimientos, ya que el TJUE reitera en varias ocasiones que su fallo únicamente se refiere al modelo de Uber Pop. La propia Comisión Europea advirtió cuando se publicó el veredicto que será necesario analizar cada caso.

Para Jorge Travesedo, socio de Sagardoy Abogados, uno de los factores diferenciales se encontrará en las trabas regulatorias que posea cada sector. «No es lo mismo operar en el mercado de la comida a domicilio que el de transportes o el de apartamentos turísticos», señala. En cualquier caso, Travesedo defiende que el fallo se convertirá en una «referencia» para la economía digital, teniendo en cuenta que en países como España la legislación de estos nuevos modelos casi nula.

En realidad, este ha sido el punto de partida para los litigios. Los sectores «tradicionales» llevan varios años denunciando que los requisitos legales que deben cumplir no se asemejan a los que se exigen a sus nuevos competidores. Estos se defendían acogiéndose a la regulación de los servicios de la información. La sentencia sobre Uber no hace otra cosa que dar un tirón de orejas a los Estados miembros, al señalar que debe ser cada país el que desarrolle su propia legislación. En este caso, de transporte.

Y es que la economía colaborativa tiene ya un gran papel en los hábitos de consumo. En España, según cálculos de Adigital, ya operan más de 500 empresas acogidas a esta fórmula.