Calviño y Montero toman las riendas del conflicto del transporte y citan hoy a la logística
Sigue ignorando a los convocantes en el octavo día de paros cada vez más recrudecidos
Hoy se cumplen ocho días de paro en el transporte y no hay comunicación del Gobierno con los convocantes, a los que intenta desacreditar argumentado que son minoritarios y tienen lazos con la ultraderecha. Es la consigna que parte desde Moncloa sobre un conflicto que hace una semana convocaba una asociación minoritaria, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte , que ha logrado tensionar la cadena de suministro y provocado el desabastecimiento de algunos productos , incluso de medicinas para farmacias y hospitales.
La preocupación del Ejecutivo es más que evidente ante la escalada del conflicto y hoy ha vuelto a citar a las grandes patronales, que no secundan el paro. La diferencia es que ahora l a vicepresidenta económica, Nadia Calviño , y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , han tomado las riendas de la negociación, que ha llevado en solitario l a titular de Transportes, Raquel Sánchez . Las tres se reunirán con las grandes patronales para buscar soluciones a un conflicto que se ha ido recrudeciendo según han ido pasando los días y puesto al límite a muchas empresas, ya castigadas por la espiral de los precios de la energía.
El ataque de Rusia a Ucrania ha desencadenado una crisis energética sin precedentes que ha llevado a niveles récord el coste de los combustibles y la electricidad. La respuesta de varias empresas ha sido paralizar la producción; la del Gobierno, prometerles un plan nacional que no se aprobará hasta el próximo 29 de marzo.
Ante esta situación, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , reunió el pasado jueves de urgencia a los sectores afectados por el paro para conocer el alcance de los daños y para recabar sus demandas para completar un plan de choque para esbozar a la vicepresidenta económica, con la que se reunirá esta tarde. Calviño mantendrá un encuentro también con los sindicatos y con las autonomías para dar forma al plan que Pedro Sánchez pretende aprobar a final de mes, cuando ya han dado el paso la mayor parte de los países.
Entre las medidas que reclaman las empresas está recuperar los 3.000 millones en ayudas directas a las empresas que no se gastaron el año pasado para hacer frente al impacto de la crisis energética, rebajar los impuestos que gravan el carburante - IVA y el Impuesto sobre Hidrocarburos- y la activación del nuevo modelo de ERTE permanente. También se reclama ampliar un año más la moratoria para la devolución de los créditos ICO concedidos durante la pandemia, cuyo reintegro corresponde realizar a partir de abril, y retrasar a 2025 la subida de cotizaciones prevista en la reforma de las pensiones.
Noticias relacionadas
