«Buscamos fórmulas para que los jóvenes obtengan una financiación de hasta el 95% del precio de la vivienda»

Juan Antonio Gómez-Pintado, al frente de la patronal de promotoras, critica la reforma del alquiler porque recupera «viejas fórmulas que no han funcionado»

Juan Antonio Gómez-Pintado es presidente de Vía Célere y de la APCE

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Los acusados repuntes de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, que experimentan ciudades como Madrid y Barcelona están expulsando a los jóvenes del mercado. Así lo reconocen instituciones como el Banco de España y patronales como la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Al frente de esta última -y también de la promotora Vía Célere- se encuentra Juan Antonio Gómez-Pintado, que destaca a ABC la necesidad de que la Administración «sea consciente de que hay que ampliar la oferta» para aliviar los precios.

-¿Han tocado ya techo los precios en Madrid y Barcelona?

- Creemos que ya se está produciendo una moderación. Los crecimientos interanuales de dos dígitos son cosa del pasado, lo cuál es sano y hace más sostenible nuestro sector. Necesitamos incrementos moderados para evitar que se siga estrechando el margen de financiación.

-¿Se ha creado una burbuja en el mercado del alquiler en las grandes ciudades?

-No se puede hablar de burbuja porque estas son siempre financieras, pero sí es cierto que el acceso al alquiler en algunos casos es realmente complicado, sobre todo entre los jóvenes de entre 24 y 35 años. Se está dedicando más porcentaje del sueldo al alquiler que a la hipoteca, lo que es un contrasentido. Existe un problema en este segmento y cualquier solución tiene que pasar por favorecer la salida de más oferta al mercado.

-¿Qué peso han tenido en este «problema» los pisos turísticos?

- Es un factor que incide en la oferta. En España, a diferencia de otros países de nuestro entorno como Alemania, el 95% de las viviendas en alquiler están en manos de pequeños propietarios, que optan por plataformas de pisos turísticos porque les dan más seguridad jurídica. Si fuésemos capaces de darle esa seguridad a los propietarios se destinarían más viviendas a alquiler de larga duración.

-¿Qué medidas se pueden adoptar para mejorar el acceso a la vivienda de los jóvenes?

-Estamos trabajando con entidades financieras y compañías de seguros para mejorar la financiación y que los jóvenes solo paguen una entrada del 5% de la vivienda. Del 95% restante, un 80% lo ofrecería el banco y un 15% estaría avalado por la entidad de seguros, que analizaría la capacidad de pago de esa persona.

-¿Pero no generaría esta fórmula un endeudamiento excesivo, como ocurrió en el pasado?

-No. Hemos visto que hay un gran porcentaje de gente joven que tiene capacidad de pago pero no han tenido capacidad de ahorro aún. En Inglaterra se impulsó un programa similar y se vendieron más de 400.000 casas. Hay un gran interés por parte del sector financiero en esta fórmula.

-¿Qué impacto tendrá en el mercado la nueva ley del alquiler?

-Todavía es pronto para saberlo, pero está claro que la nueva norma no va a favor de la oferta. Hay que tener en cuenta que la ampliación de los contratos a cinco años que recoge la reforma ya se implantó en el pasado y se demostró que no funcionaba. Volver a viejas fórmulas que no han tenido éxito no me parece lo más adecuado. Además, la reforma discrimina entre personas jurídicas y físicas. Se lo ponemos difícil a las plataformas, que permiten ampliar la oferta, profesionalizar el sector y regular de forma más eficiente los precios.

-El año pasado ya se visaron más de 100.000 viviendas. ¿España necesita superar esa cifra?

-En una situación económica saludable lo normal sería estar en un rango de 120.000 visados.

-Pero ya hay informes, como uno publicado recientemente por el Colegio de Registradores, que muestran que españa construye más vivienda nueva de la que vende...

-Eso es porque se tarda mucho, casi tres años, en sacar una vivienda al mercado desde que se obtiene el visado. El retraso en la otorgación de licencias ha empeorado y ahora se tarda de media 15 meses, en Madrid tarda entre un año y 18 meses. Como consecuencia, todas esas ventas se trasladan en el tiempo.

-¿Por qué se producen esas demoras por parte de la Administración?

-Para empezar, no hay personal. Además, el sistema organizativo es muy caduco y falta digitalización. Aquí todavía se entregan en papel los proyectos, lo que genera muchos retrasos. El sector ha crecido en los últimos años y ya representa el 6% del PIB, pero sigue estando estigmatizado.

-¿Cómo se puede solventar la falta de mano de obra en el sector?

-Creo que es necesario invertir más en formación dual, que ahora está condicionada por sistemas caducos. Es una labor que también nos corresponde a las empresas, porque muchas veces preferimos contratar a alguien formado, aunque sea más caro, antes que formar a alguien.

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