Bruselas cierra la investigación a España por no controlar la morosidad de las administraciones

La Comisión Europea ha comunicado a España este viernes la suspensión del procedimiento de infracción relacionado con la aplicación de la Directiva Europea, que establece medidas de lucha contra la morisidad en operaciones comerciales, a la vista de las reformas aprobadas por el Gobierno, según ha informado el Ministerio de Hacienda.

Este procedimiento se inició formalmente mediante una Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea a España el 19 de junio. En ella, aunque la Comisión reconocía la correcta transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español, señalaba que España había incumplido la directiva al no garantizar que los poderes públicos respeten los plazos de pago fijados por la misma para los bienes y servicios contratados en el marco de operaciones comerciales e invitaba a España a presentar alegaciones.

Según explica Hacienda, en respuesta a esta carta, España alegó que para una evaluación correcta del cumplimiento de la directiva era necesario tener en cuenta la «excepcional» situación de crisis económica en la que estaba inmersa cuando la directiva entró en vigor y la evolución positiva de los indicadores de periodo medio de pago de todas las Administraciones Públicas.

Además, señala que la puesta en marcha de los mecanismos extraordinarios de liquidez (Fondo de Pago a Proveedores, así como el Fondo de Financiación a las comunidades, en sus compartimentos de Fondo de Liquidez Autonómico y de Facilidad Financiera) han permitido una reducción «muy sustancial» de la morosidad. A través de estos mecanismos, en el período 2012-2015 se han realizado pagos directos a proveedores por importe de 75.911 millones de euros, lo que ha permitido, según Hacienda, una reducción del período medio de pago en las comunidades autónomas.

En esta respuesta también se informó a la Comisión Europea del plan específico de erradicación de la morosidad en el sector público, que incluye un conjunto de reformas estructurales, como la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, por la que se introduce la obligación para todas las administraciones de calcular, con una metodología común, y publicar periódicamente su periodo medio de pago, o la ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Otras políticas antimorosidad

Igualmente, el Gobierno ha aprobado otras medidas coyunturales, como el fondo de financiación para el pago a proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o los más recientes, como la Facilidad Financiera y el Fondo de Ordenación y el Fondo de Impulso Económico para las Entidades Locales.

El departamento dirigido por Cristóbal Montoro afirma que todos estos cambios normativos han supuesto una «verdadera reforma estructural» para avanzar en la lucha contra la morosidad, que incluye también la publicación mensual de datos de período medio de pago de todas las administraciones públicas (Gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales), así como la garantía del Estado del pago al proveedor, cuando se produzca el incumplimiento reiterado por parte de una administración territorial de los plazos máximos de pago establecidos.