La banca se juega las cuentas anuales con las cláusulas suelo

La banca española mira con preocupación a Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebró ayer la vista oral para determinar desde cuándo las entidades tendrán que devolver el dinero cobrado irregularmente en las hipotecas con cláusulas suelo abusivas. El próximo 12 de julio el Abogado General de la justicia comunitaria emitirá sus conclusiones preliminares, que servirán de base para el fallo final, que se conocerá antes de final de año. Si impone la retroactividad desde el momento de la activación de esas claúsulas, el coste para el sector se moverá entre 5.000 y 7.600 millones de euros, según datos del Banco de España citados ayer por un abogado de BBVA en esa vista.

El organismo dirigido por Luis María Linde, como ya informó ABC, reclamó el pasado febrero a los bancos que le informasen de cuál sería el impacto en el margen de intereses, cuánto tendrían que devolver y las provisiones que han hecho para cubrir esa contingencia.

Y es que compensar a los clientes afectados podría generar un agujero enorme en las cuentas de algunos grupos bancarios del país.

El Tribunal Supremo declaró en mayo de 2013 que esas claúsulas, que marcan el interés mínimo que debe pagar el cliente aunque el Euribor caiga por debajo -y, que ha impedido a muchos hipotecados beneficiarse de los actuales bajos tipos- son nulas si el banco no informó de las mimas con total transparencia al firmar el préstamo hipotecarios. Ahora bien, el Alto Tribunal matizó después que las entidades solo deben resarcir a los afectados desde que emitió esa sentencia, en mayo de 2013. Uno de sus argumentos para no fijar la retroactividad total fue que «generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico».

El caso ha llegado hasta el Tribunal de Luxemburgo a raíz de la consulta de varios juzgados españoles que estudian varias demandas contra Cajasur -ahora Kutxabank-, BBVA y Banco Popular. Esa misma tesis del peligro que la devolución de todo lo cobrado de más supondría para la estabilidad financiera es la que ayer usaron también las defensas de esos bancos en la vista celebrada en Luxemburgo.

«Las conscuencias de la sentencia que se dicte son inmensas», apuntó el abogado de BBVA, quien mencionó las citadas cifras que maneja el supervisor nacional y otras preparadas por las entidades que estiman el impacto en unos 5.800 millones de euros.

El letrado de Cajasur fue más allá y avisó de que el reintegro total habría obligado a España a ampliar el rescate que concedió la Comisión Europea en 2012 por 100.000 millones y del que se usaron unos 40.000. Eso dependería, en todo caso, de la capacidad de cada entidades de hacer frente por sus propios medios a un fallo en esa línea.

La defensa de los afectados ha rechazado ese razonamiento. «El riesgo de trastornos graves no debe confundirse con la obligación de devolver una gran cuantía de dinero por el sistema bancario en su conjunto», dijo un abogado de los clientes, quien planteó además que la banca no ejecutaría esa devolución de forma inmediata sino progresiva.

La posición de la Abogacía del Estado, presente también en el procedimiento, es la misma que la del Supremo. Fuentes conocedoras del caso explican que esta postura del Reino de España de limitar en el tiempo la retroactividad de la nulidad de las cláusulas no busca solo suavizar el impacto en el sector financiero, sino la competencia de las instituciones judiciales nacionales ante las europeas. Prueba de ello es que otros países ajenos a esta problemática financiera, como Reino Unido, también están personados en el caso.

Posición de Europa

La Comisión Europea es más partidaria de resarcir por completo a los clientes afectados, advirtiendo de que limitar la responsabilidad de una mala praxis comercial al momento en que se juzgue como abusiva incentivaría precisamente para emplear cláusulas abusivas.

La última palabra la tiene en todo caso la Justicia comunitaria, que ya había asestado otro varapalo a España por su ley hipotecaria. Tras escuchar ayer a las partes, el Abogado General de Luxemburgo emitirá el 12 de julio sus conclusiones preliminares. Y aunque no son vinculantes, el Tribunal europeo, que dictará sentencia firme antes de final de año, suele guiarse por ellas.