El aval de Estados Unidos a la intervención de BPA alivia a la banca andorrana

El Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos provocó el 10 de marzo de 2015 un terremoto en Andorra al advertir de supuestas prácticas de blanqueo de dinero de origen criminal en Banca Privada de Andorra (BPA). Ahora, el FinCEN ha emitido una nueva nota en la que avala la intervención del Gobierno de ese país y subraya que no adoptará ninguna medida especial de la USA Patriot Act contra los activos traspasados de BPA a Vall Banc, la entidad creada por el gobierno que preside Antoni Martí para depurar los activos y que ahora está en proceso de subasta. De hecho, BPA no volverá a operar, mientras sus activos y pasivos permanecerán bajo el control de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), una institución similar al FROB español.

El sistema financiero andorrano, integrado por Andbank, Banc Sabadell d’Andorra, Mora Banc y Crèdit Andorrà, ha respirado tranquilo tras el reconocimiento de las autoridades estadounidenses al trabajo realizado por el Gobierno de su país. La crisis de reputación desencadenada por BPA ha concluido al reconocer el Tesoro de los EE.UU. «que se ha tratado de un caso aislado de presuntas malas prácticas y que nada tenía que ver con el conjunto de la plaza financiera andorrana», asegura Esther Puigcercós, directora general de la Asociación de Bancos Andorranos (ABA).

Pese a que el caso BPA ha hecho de 2015 un «annus horribilis» para la imagen de las finanzas del país de los Pirineos, los resultados de los cuatro bancos agrupados en ABA «son una muestra inequívoca de la solidez y el nivel de confianza que los clientes tienen en la plaza andorrana». Tres datos avalan esa afirmación: ha aumentado un 2,3% el volumen de recursos gestionados, hasta los 44.982 millones; los depósitos de sus clientes han superado los 11.000 millones, lo que supone un incremento del 3,5% y también ha crecido un 1,1% la inversión crediticia respecto a 2014 hasta alcanzar los 6.408 millones.

El beneficio neto atribuido a los bancos agrupados en ABA ha sido de 168 millones de euros, lo que supone un descenso del 8% respecto al anterior ejercicio, un dato que «se debe principalmente a la baja da de tipos de interés en la zona euro, que presiona a la baja el margen de intereses de las entidades, y por los costes crecientes derivados de la expansión internacional y de la adaptación al nuevo marco normativo del sector bancario europeo», asegura Puigcercós. Sin embargo, el sector bancario andorrano cerró el ejercicio pasado con un ROE (rendimiento de accionistas sobre fondos invertidos) del 10,91%, muy por encima del de la banca española, estimado entre el 5,2% y el 5,5%, según Standard & Poor’s, y también por encima del de la banca europea, situada al 8%, según la misma agencia de calificación. Ese dato «es fruto de la autonomía de la banca andorrana, que no depende de los mercados al ser principalmente propiedad de familias» de ese país.

La ratio de solvencia de los cuatro bancos andorranos, que participan en el proceso de «due diligence» de la venta de Vall Banc, se sitúa en el 21,85%. Esther Puigcercós subraya que «históricamente, el sistema bancario andorrano se ha caracterizado por elevadas ratios de solvencia fruto de una política de fuerte capitalización desde su inicio». En línea con esta trayectoria, en el ejercicio 2015 el nivel de solvencia de la banca andorrana ha superado en 110 puntos básicos la ratio del año pasado duplicando así las exigencias de la normativa bancaria andorrana que fija este coeficiente en un mínimo del 10%.

Dejar de ser paraíso fiscal

El programa de reformas económicas para que Andorra haya dejado de ser considerado un paraíso fiscal ha pasado por establecer una retención del 35% de los rendimientos y la transferencia de un 75% de su importe a los países de la Unión Europea donde residen los beneficiarios. Este procedimiento ha sido renovado por el nuevo acuerdo de intercambio automático de información, firmado el pasado 12 de febrero entre la UE y Andorra, que previsiblemente entrará en vigor el 1 de enero del 2017 para intercambiar información a partir de 2018 en base a los datos fiscales desde enero de 2017.

La crisis financiera internacional supuso el punto de inflexión para la banca andorrana y la adopción de estándares internacionales de la OCDE en materia de transparencia fiscal. En 2014 se aprobó la modificación de la Ley de Intercambio de Información en materia fiscal con solicitud previa de los gobiernos para respetar los criterios e interpretación de los compromisos con la OCDE, que quitó a Andorra de la lista de paraísos fiscales.