El autobús «low cost» que triunfa en Europa no puede operar en España

Las concesiones para el transporte de viajeros por carretera han dado lugar a un sistema de monopolios, en el que hay licencias con un siglo de antigüedad

Marcas «low cost» como Flixbus solo pueden operar rutas transfronterizas en España REUTERS

Cris de Quiroga

Aunque en Europa ya han surgido empresas de autobús de bajo coste, como Flixbus o BlaBlaBus —marca de BlaBlaCar—, el transporte «low cost» que llega a España se reduce a las aerolíneas y, en poco tiempo, al AVE. ¿El motivo? El modelo de concesión de licencias de transporte de viajeros por carretera, que impide la irrupción de estos nuevos competidores, limitados a operar rutas transfronterizas.

Y es que en España cada trayecto es operado por una sola compañía , aquella que ha ganado la licitación, en un concurso en el que se establecen el precio y las condiciones en las que se va explotar dicha ruta, así como el periodo de tiempo que durará la concesión. Así, empresas como Alsa, Avanza y otra treintena más conforman el mapa de líneas de autobús de la Península —diseñado en los años ochenta—, que da servicio a unos 29 millones de viajeros al año, cifras similares a las del AVE.

El sistema de monopolios actual se gestó durante el régimen franquista y, ya en la Transición, perduraban licencias de 90 años. Por ello, en 1987, el Gobierno de Felipe González aprobó la primera Ley de Transporte Terrestre . Pero esta norma no hizo sino postergar la solución del problema, pues concedió una prórroga de 2o años.

Este margen expiró en 2007, cuando muchas licencias empezaron a caducar, y comenzó la batalla por las concesiones de unas líneas que hoy en día facturan, en total, 330 millones de euros anuales, según datos del Ministerio de Fomento. Fue ese mismo año cuando un nuevo actor, Globalia , vio una oportunidad para introducirse en el sector; ya lleva dos años operando la línea Alicante-Cartagena-Murcia.

Tarifas distintas y licencias caducadas

En su origen, este modelo pretendía garantizar el transporte entre cualesquiera dos puntos, aunque no fuera rentable. Pero, en la práctica, el viajero no puede comparar precios ni elegir entre varias compañías. Además, dado que cada empresa opera sus respectivas rutas bajo ciertas características, existe una d iferencia de precios entre territorios, que podría alcanzar el 34% , según el estudio del «think tank» Fedea.

Mientras tanto, 41 de las 71 concesiones de rutas entre provincias están caducadas . De hecho, el presidente de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, advirtió el pasado junio que hay «algunas [concesiones] que llevan 100 años», lo que no es sino la «punta del iceberg» de un «problema muy serio» que arrastra el país con el transporte de viajeros por carretera.

Con todo, Fomento ya avanzó en mayo que estudiaría acometer cambios en el modelo actual, pues el autobús deberá adaptarse a los nuevos tiempos. Sobre todo, ante el auge del negocio del coche compartido y con la liberalización del transporte ferroviario a la vuelta de la esquina.

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