El socio auditor de Deloitte Francisco Celma
El socio auditor de Deloitte Francisco Celma - DE SAN BERNARDO

Deloitte acusa de incoherentes a los peritos de Bankia y se escuda en el Banco de España y la CNMV

El socio auditor Francisco Celma ha apuntado en su comparecencia como investigado ante el juez que su trabajo de auditoría estaba validado por los supervisores

MADRID Actualizado: Guardar
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El socio auditor de Deloitte Francisco Celma, investigado por la Audiencia Nacional en el marco de la instrucción del caso Bankia, ha defendido este lunes ante el juez Fernando Andreu su trabajo a la hora de aprobar las cuentas de la entidad financiera en los años anteriores a su fusión y salida a Bolsa. Su estrategia de defensa ha sido criticar los dos informes periciales que aseguran que Bankia debutó en el parqué con unas cuentas que no reflejan su imagen fiel. Celma ha llegado a acusar a los peritos autores de ese informe de aplicar una norma contable inventada para llegar a esa conclusión.

Los dos peritos del Banco de España a los que el magistrado encargó elaborar esa pericial determinaron en diciembre de 2014 que las cuentas de Bankia en el verano de 2011 debían reflejar una pérdidas de 1.830 millones de euros, cuando la dirección publicó y el auditor aprobó unos beneficios de casi 253 millones.

Esa diferencia se explica, según los peritos, porque la entidad no reconoció determinadas pérdidas contables por la devaluación de activos, como inmuebles y créditos. «Los peritos han aplicado en sus informes una normativa contable inventada por ellos mismo y que no es la emitida por el Banco de España», ha dicho Celma durante su comparecencia en la calidad de investigado, nueva figura del imputado.

Una de las críticas que ha hecho el auditor a los peritos es que en su análisis no han tenido en cuenta que Bankia contaba con unos 3.000 millones de euros en provisiones genéricas que le permitirían cubrir las pérdidas que ellos identifican en sus informes. De igual modo, les acusa de aplicar un sesgo retrospectivo: esto es, usar información porsterior a la salida a Bolsa —empeoramiento de la economía, por ejemplo— para concluir que la dirección de la entidad debía haber hecho antes determinadas dotaciones frente a pérdidas derivadas de esos hechos futuros. Por último, Celma ha defendido que los dos informes de los dos peritos presentan diferencias contables tan elevadas entre uno y otro que hacen que sean, ha dicho, «inconsistentes».

Multa del ICAC

El trabajo de los dos peritos judiciales no solo ha sido puesto en duda por Celma, sino que anteriormente también la actual dirección de Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han tratado de rebatirlo con varios contrainformes elaborados por otros expertos contables. Sin embargo, el juez Andreu siempre ha otorgado bastante credibilidad al análisis que encargó a esos dos peritos. Además, en contra de Celma y Deloitte juega el hecho de que el supervisor de los auditores, el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC), haya multado a la firma con 12 millones de euros por esta causa.

Al respecto, el socio auditor ha recordado que esa sanción no es todavía firme en vía administrativa y ha recordado que Deloitte la recurrió hace 21 meses ante el Ministerio de Economía y este aún no se ha pronunciado, cuando lo habitual es que estos recursos se resuelvan en un plazo medio de unos tres meses, según la versión de Celma. En este sentido, ha añadido que el comité consultivo de ese organismo se opuso a esa sanción.

Bajo el paraguas de los supervisores

Para defender su actuación, la auditora ha señalado además a los supervisores. El principal argumento de Deloitte, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, ha sido que actuó en todo momento «siguiendo las instrucciones del Banco de España y de la CNMV». En este sentido, la firma ha aportado a la causa, incluso, dos cartas de mayo de 2014 y abril de 2015 que demostrarían que los trabajos de Deloitte (tanto de auditoría como de consultoría) responderían a requerimientos de los supervisores.

El socio, que ha declarado este lunes durante más de cuatro horas, ha insistido en que la auditoría que realizó Deloitte fue legal y ha defendido que la multinacional rechazase la reformulación de cuentas del equipo de Rodrigo Rato, en mayo de 2012, lo que provocó la caída del ex director gerente del FMI al frente de la entidad financiera.

El abogado de la acusación popular, la Confederación Interestatal de Crédito, Andrés Herzog, ha asegurado a los medios que este lunes «se ha dado un paso más en la labor de cerrar el círculo de responsables del desfalco económico» por la salida a Bolsa de Bankia, un caso judicial que impulsó el propio Herzog cuando pertenecía a UPyD.

«Queda una parte: los organismos supervisores. Esperamos que en breve pasen a declarar los máximos responsables del Banco de España y la CNMV", ha añadido Herzog, en alusión a su petición de que sean imputados el exgobernandor del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y el actual subgobernador Fernado Restoy.

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