Las aseguradoras piden una tasa por cuota de mercado para pagar al nuevo supervisor

El mercado asegurador español se enfrenta en los próximos meses a un cambio estructural de calado: la creación de un nuevo supervisor autónomo del Gobierno. La reforma del modelo de supervisión financiera que prepara el Ejecutivo implica, entre otras cosas, que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp) deje de depender el Ministerio de Economía y se constituya como un supervisor independiente al estilo del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata de una vieja aspiración de las propias aseguradoras, que ahora tendrán que sufragar ese organismo. Según ha podido saber ABC, estas han planteado al Gobierno que la nueva autoridad se financie mediante una tasa a las compañías en función de su cuota de mercado.

Se trata de un sistema similar al que ahora mismo usa el sector para financiar su patronal, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa). Cada compañía abona una tasa según su cuota de mercado, a la que se aplica una serie de correcciones para evitar que las grandes compañías del sector paguen por completo el organismo.

Y es que a pesar de ser un sector tremendamente atomizado, con 235 aseguradoras y mutualidades operativas, según los últimos datos de la Dgsfp, existe una concentración cada vez mayor del negocio en torno a los principales grupos aseguradores. En concreto, las diez compañías más grandes –Vidacaixa, Mapfre, Zurich, Mutua Madrileña, Allianz, Catalana Occidente, AXA, Generali, BBVA Seguros y Caser– concentran el 65% de los ingresos por primas del sector.

Con esa corrección de la cuota se quiere garantizar que toda la industria, en mayor o menor medida, contribuya a la financiación del nuevo supervisor. No solo eso, las aseguradoras quieren que también los mediadores de seguros –tanto los agentes, vinculados a las compañías, como los corredores, que son asesores independientes– y las gestoras de planes de pensiones participen en la financiación del futuro organismo, por cuanto serán también objeto de supervisión por parte de ese ente.

La referencia de la banca

Lo que se financiaría con esa tasa sería el servicio de supervisión, no lo gastos ordinarios e inversiones de la institución, de forma que no está claro que la nueva Dgsfp no vaya a seguir contando con una dotación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Es lo mismo que sucede con el Banco de España y ahora el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) del Banco Central Europeo (BCE), que cobra una tasa a los bancos por supervisarlos.

La Dgsfp ha venido contando en los últimos años con un presupuesto público de en torno a los 14 o 15 millones de euros. La disposición del sector, como avanzó este diario, era duplicar esa cuantía mediante un modelo de financiación privado.

Este sistema evita imponer una tasa o comisión en la pólizas del seguros que pagan los clientes para pagar el organismo. Es, por ejemplo, la fórmula con que se financia el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), el llamado Fondo de Garantía de Depósitos de las aseguradoras, que pagan los tomadores de seguros: una pequeña parte de la cuota de la póliza se destina a financiar el CCS. Sin embargo, para sufragar la Dgsfp se descartaría porque el objeto no es financiar una garantía al consumidor, sino el servicio de supervisión de las entidades.

La industria aseguradora considera que este es el sistema más lógico y da por hecho que, a grandes rasgos, será el que se acabe imponiendo. Desde el Ministerio de Economía aseguran que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto e incluso que aún no se ha empezado a trabajar en ello.

El gabinete dirigido por Luis de Guindos anunció el pasado enero una reordenación de los organismo reguladores y supervisores de los mercados que incluía la escisión de la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades, una de competencia y otra de regulación; la salida de la Dgsfp del organigrama de Economía, situándola a la altura de Banco de España y CNMV y creando tripolar de supervisión; y la creación de una autoridad de protección al ahorrador y al consumidor de productos financieros que unificará y reforzará los actuales servicios de reclamación del Banco de España, la CNMV y la Dgsfp.