Armengol reduce las plazas turísticas por ley entre dudas de inconstitucionalidad
El Parlamento balear da luz verde a la nueva regulación que inicia el decrecimiento turístico con toda la oposición en contra de la moratoria. PP y Vox piden sin éxito que el texto se remita a consulta jurídica
La nueva ley turística balear del Gobierno tripartito de PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca se ha aprobado este martes entre dudas sobre su inconstitucionalidad. El PP ha pedido que la norma se remita al Consell Consultiu, el máximo órgano de consulta, al considerar que hay dudas jurídicas en referencia a la moratoria turística.
Este es el punto más polémico de la nueva norma, que fija la senda del decrecimiento turístico en las islas con el bloqueo de la bolsa de plazas en Mallorca, Ibiza y Formentera. A partir de ahora, los gobiernos insulares (consells) tendrán cuatro años para revisar la oferta existente y fijar un techo de plazas, que deberá ser obligatoriamente a la baja. En el caso de Menorca, que no tiene bolsa de plazas, se aplica la congelación para la nueva oferta. Pasado este plazo, por cada dos plazas que se vendan entre propietarios, una se tendrá que dar de baja, lo que afecta sobre todo al alquiler turístico, que prevé la eliminación de hasta 5.000 plazas al año.
Tras una jornada de debate maratoniano y prácticamente monotemático en el Parlamento balear, la nueva ley ha salido adelante con el apoyo parcial de Ciudadanos y el partido regionalista PI, mientras que el PP y Vox la han rechazado . La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, ha calificado la ley “de pionera, comprometida y valiente” y considera que pone “el acento en la calidad y no en la cantidad”.
Desde la oposición, el PP asegura que es “una ley antiturística, una ley del paro, que va en contra de los trabajadores” , y advierte que cambiará la legislación si gana las elecciones el año que viene y presentará un proyecto alternativo basado en el turismo sostenible.
Los populares creen que la moratoria es un ataque a la libre competencia, a la libertad de mercado, al pequeño empresario, al pequeño propietario y al pequeño inversor y alerta de que se van a destruir puestos de trabajo con el decrecimiento. Asimismo, solicitaron remitir la ley al Consell Consultiu, aunque el Parlamento rechazó esta opción.
Para Vox, la nueva regulación impide la libre competencia y la posibilidad de crear nuevos negocios turísticos. Critica que no hay ningún informe que avale dos de los puntos principales de la Ley Turística como son la moratoria y el decrecimiento del número de plazas.
“Tenemos 600.000 plazas turísticas. Es el momento de apostar todo a la calidad y mejorarlo, no a crecer más. El objetivo es ser mejor, no más grandes”, defendió en el conseller de Turismo, Iago Negueruela. Pero para los econacionalistas de Més per Menorca –socios externos de gobierno- esta ley se queda corta, así que acusan al gobierno autonómico de tener “miedo” a avanzar.
De las tres páginas de proyecto de ley presentadas en el mes de febrero, la ley ha quedado en 75 folios, tras la tramitación parlamentaria con enmiendas. Además del decrecimiento, incorpora la obligación de poner camas elevables (mecánicas o eléctricas) para facilitar el trabajo a las camareras de pisos a partir de 2023. Esto implica renovar 300.000 camas.
También permite a los hoteles ampliar las zonas comunes si reducen un 5% las habitaciones, a excepción de los establecimientos pequeños. Además, los hoteles obsoletos podrán convertirse en viviendas a cambio de que la mitad sean de protección oficial. El 3% de la comida será de producto local. Las calderas serán de gas o eléctricas, y los grifos tendrán que tener un sistema de ahorro de agua. La normativa contempla multas de 500 euros de multas por cama no elevable o de 5.000 por cada sanitario sin pulsador doble de ahorro de agua.
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