Ángel Ron acusa Saracho, Del Valle y Reyes Calderón de hundir el Popular

Como ya hiciera en sede parlamentaria durante su intervención en la comisión del Congreso de los Diputados que investigó la crisis financiera en España, Ángel Ron ha mantenido en su primera comparecencia en sede parlamentaria su relato de que la caída del Popular, que tuvo que ser resuelto por las autoridades y vendido de forma exprés a Banco Santander, se debió a las acciones desestabilizadoras de varios consejeros de la entidad. El expresidente del que fuera sexto banco del país, imputado junto a una treintena de directivos en la causa en la Audiencia Nacional que investiga el derrumbe de este grupo financiero, acusó a los exconsejeros de la entidad Antonio Del Valle y Reyes Calderón de urdir su salida de la presidencia y desestabilidad al Popular en Bolsa, y a su sucesor en el cargo, Emilio Saracho, de desentenderse de la gestión y preparar solo la venta de la entidad.

Ron, que respondió durante cinco horas a las preguntas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, aseguró que Saracho, que tomó las riendas del Popular en abril de 2017, le había admitido que él no llegaba al banco para gestionarlo, sino para hacer una operación corporativa, y que para ello era necesario que el precio de las acciones del Popular bajasen. El banquero relató que eso explicaría que su sucesor no aplicase el plan de negocio que el equipo directivo de Ron tenía en mente aplicar, que incluía la creación de una suerte de banco malo, el «proyecto Sunrise».

Una de las primeras medidas de Saracho al llegar al Popular fue preguntar internamente qué déficit de provisiones y capital tenía el banco, y ordenó levantar alfombras. Eso llevó a la entidad a comunicar al mercado el 3 de abril de 2017 una reexpresión de las cuentas por ajustes no computados hasta entonces que elevaba las pérdidas del año 2016 3.611 millones de euros. Esa reexpresión, según ha criticado Ron ante el magistrado, «fue irrelevante, delirante, temeraria y malintencionada». A su juicio, solo perseguía la supuesta intención de Saracho de hundir a la entidad en Bolsa.

Saracho siempre ha negado este extremo, y así lo hizo en su declaración ante el juez a principios de mes. Ese día, el banquero insistió en la complicada situación de solvencia del Popular cuando asumió la presidencia en sustitución de Ron, que dirigió el banco durante diez años, y señaló que la ampliación de capital de 2016 por 2.505 millones de euros había sido insuficiente ya que la entidad, a su juicio, necesitaba 8.000 millones. Además, acusó al equipo directivo anterior de inflar las tasaciones de los activos adjudicados y de dar créditos a los clientes para suscribir las acciones de esa ampliación de capital.

Ángel Ron, al que se investiga por la veracidad de las cuentas del banco en esa ampliación y que está imputado por delitos societarios, de administración desleal, contra el mercado, falsedad documental y apropiación indebida, negó la mayor. En primer lugar, el expresidente indicó que la cuantía de 2.500 millones era suficiente, pero además negó que se diese orden a la red de oficinas para financiar la adquisición de acciones. «La ampliación fue un éxito», defendió Ron, quien recordó que esa operación reforzó la solvencia del grupo.

El expresidente de Banco Popular fue especialmente duro al relatar ante el juez cómo fue su sucesión al frente del banco. Ron acusó al mexicano Antonio del Valle, entonces accionista y consejero del Popular, y a la exconsejera independiente Reyes Calderón de urdir su salida de cara a preparar la venta del banco. En concreto, el banquero detalló que Reyes Calderón, según su versión, contrató por su cuenta y riesgo a una cazatalentos que buscase un sustituto a Ron, acción que incluso le reprocharon los miembros de la comisión de nombramientos. Reyes Calderón, según Ron, actuaba coordinadamente con Del Valle, que a su juicio pretendía hacerse con el control de la entidad. En este sentido, Ron desveló que el mexicano le amenazó con desestabilizar el banco para lograrlo. Al respecto, Ron aseguró ante el magistrado que ambos orquestaron una campaña de desprestigio de su persona y del banco en varios medios de comunicación con ese fin.