Amnistía fiscal, ¿truco o trato?

La regularización fiscal aprobada en 2012 se ha introducido en la campaña electoral. La amnistía fiscal aprobada permitió que 29.683 particulares y 618 empresas regularizaran entre marzo y noviembre de 2012 unos 40.000 millones de euros que hasta entonces ocultaban al Fisco. Los que se acogieron a la medida debían tributar un 10% de lo que declararon y a cambio se mantenía su anonimato. Una situación que puede variar según quién gane las próximas elecciones generales.

¿Quién propone publicar los nombres de la amnistía?

Podemos y el PSOE son partidarios de publicar los nombres de la amnistía fiscal de 2012, aunque con pequeñas diferencias. El PSOE ha incluido en su programa que si llega al poder publicará el nombre de «los defraudadores» que se acogieron a la amnistía.

Eso sí, la reforma se hará «dentro de los límites constitucionales» que permite cambiar el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que asegura la confidencialidad de los datos fiscales de los contribuyentes. Asimismo, la formación socialista promete que impondrá por Ley la prohibición de aprobar una nueva amnistía fiscal.

¿Prohibir por Ley las amnistías tiene precedente?

Sí, el ministro de Economía socialista, Carlos Solchaga, después de aprobar una amnistía fiscal en 1991, prohibió las amnistías fiscales sucesivas en los Presupuestos Generales del Estado de 1992.

¿Qué propone Ciudadanos?

El partido liderado por Albert Rivera propone no publicar los nombres de los que se acogieron a la amnistía fiscal, ya que vulnera el artículo 95 de la Ley General Tributaria, pero sí aumentar la factura fiscal de los que regularizaron entonces. En lugar del 3% que pagaron en impuestos sobre lo que presentaron, deberán tributar un 7% más para llegar al 10%. Si bien la idea original del Ministerio de Hacienda era que los acogidos a la amnistía pagaran un 10% de lo declarado, finalmente este tipo solo se aplicó sobre los ejercicios no prescritos –desde 2010–. Un informe de la Dirección General de Tributos de junio de 2012 fijó esta medida y que solo tributaran los rendimientos, y no los capitales. De esta forma, el tipo medio final fue del 3% y Hacienda solo recaudó 1.200 millones, menos de la mitad de los 2.500 millones que preveía. Ciudadanos propone que tributen el 7% restante para que el tipo final sea del 10%.

¿Puede Hacienda investigar a los acogidos a la amnistía fiscal?

Sí. En el informe de la Dirección General de Tributos de junio de 2012, se decía «que no resultará procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria» de la amnistía, lo que animó a muchos a acogerse a la regularización que concluyó en noviembre. Sin embargo, en el plan de control de 2013 que fija las actuaciones de la Agencia Tributaria, publicado sólo cinco meses después, ya se especifica que Hacienda investigaría la información recibida a través de la amnistía fiscal. «La Agencia Tributaria analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa», detallaba. De hecho, la Agencia Tributaria remitió hace meses un listado de 715 acogidos a la regularización sospechosos de blanqueo de capitales. Algunos de los que se beneficiaron de la medida entonces se conocen, como Oleguer y Josep Pujol, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato o el extesorero del PP, Luis Bárcenas.

¿Cuántas amnistías fiscales ha habido en España?

Al menos cuatro: la de 1977 junto a la amnistía política; la de 1984 con Miguel Boyer con la cartera de Economía; la de Solchaga en 1991 y la de Cristóbal Montoro en 2012. Sin suponer una amnistía fiscal como tal, en 2010 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también «perdonó» a los 659 evasores con cuentas en la filial suiza del banco HSBC que aparecían entre los datos que robó el informático de la entidad, Hervé Falciani. Entonces Hacienda envió una carta a los defraudadores para que regularizaran su situación a cambio de una multa. Fue el caso en su día del expresidente de Banco Santander, Emilio Botín. En total el Fisco recaudó 250 millones.

¿Cómo fueron las otras amnistías fiscales?

En la amnistía fiscal de 1984, bajo la batuta del exministro socialista Miguel Boyer, el Estado puso en circulación desde 1985 pagarés opacos del Tesoro que permitían regularizar dinero negro sin investigación ni retención alguna. Los títulos se anunciaban en prensa con el siguiente eslogan: «Su inversión más ágil. Sin retenciones». En este enlace puede consultar la publicidad sobre estos títulos que el Tesoro publicaba en Prensa [en este caso, en ABC en 1985]. Posteriormente los pagarés Borrell –llamados así por el secretario de Estado de Hacienda de entonces, José Borrell–, se pudieron cambiar por deuda pública en la amnistía de 1991. Hasta 1990 había 18.030 millones de euros colocados en estos títulos.

La amnistía fiscal de 1991 permitió aflorar rendimientos ocultos a cambio de la compra de deuda pública en un momento en que el déficit de las administraciones superaba el 4% del PIB. El «perdonado» además percibía un rendimiento del 2% –inferior a la inflación de entonces– por los títulos del Tesoro y estaba exento de tributar en Patrimonio, Sociedades o IRPF. La identidad de los titulares era confidencial hasta la amortización de los pagarés, seis años después. De esta forma, una vez que se levantaba el anonimato, el delito fiscal ya había prescrito. Los datos, además, pasaban al Banco de España y no a la Agencia Tributaria, por lo que no había posibilidad de investigación.

Más atrás en el tiempo, en 1977, se perdonaron las cuotas pendientes del IRPF y del Impuesto de Sociedades. Los acogidos no tuvieron que hacer frente a sanciones, recargos ni a intereses de demora. A cambio, el Gobierno de Adolfo Suárez aprobó medidas de control como la introducción del delito fiscal en el Código Penal, la eliminación del secreto bancario y aumentó los medios contra el fraude.

¿Cuánto se recaudó?

Todas las amnistías fiscales tienen como punto en común que se aprobaron en momentos en que las arcas públicas no pasaban por su mejor momento. Además, pocas lograron los ingresos que preveían en un inicio. En 1991 afloraron 724.917 millones de pesetas: unos 10.367 millones de euros. A cambio, las arcas públicas se embolsaron de manera fraccionada 53.907 millones de pesetas –unos 354 millones de euros–.