Agricultura se posiciona en «guerra del azúcar» y aduce que la subida del IVA tendrá una repercusión limitada

Carlos Manso Chicote

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18/11/2020
Actualizado a las 01:28h.

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Tras varios días de silencio, el ministro de Agricultura Luis Planas tuvo que pronunciarse sobre una de las últimas polémicas, a propósito de las subidas fiscales que contempla el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). En concreto, sobre el alza del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21% con el objetivo de recaudar 400 millones de euros, la mayoría el próximo año. En el Senado, Planas argumentó que esta medida va a tener una repercusión muy limitada en el sector azucarero y, concretamente, sobre los productores de remolacha. Justo la versión opuesta que ofrece el sector, que desde la industria transformadora a los productores de remolacha, firmaron hace días un manifiesto conjunto en contra con el respaldo de la Junta de Castilla y León, así como de decenas de ayuntamiento de esta comunidad.

Ante los senadores, Planas explicó que España produce al año 500.000 toneladas de azúcar e importa 1,2 millones de toneladas. De todo ello, añade el ministro, solo se destina a las bebidas azucaradas entre un 0,2% y un 0,4% (entre 2.600 y 5.400 toneladas) y, por todo lo anterior, aseguró que no existe ninguna correlación entre los cambios de consumo de bebidas azucaradas y el precio de la remolacha.

De igual modo, el ministro se reafirmó en el respaldo al sector remolachero y anunció que apoyaría la continuidad de las ayudas acopladas al sector de la remolacha en la nueva PAC (Política Agraria Común) 2021 - 2027 que estos días se está retocando en Bruselas. Para lo cual, espera contar con el apoyo de las comunidades autónomas y la industria de transformación.

Otro punto de vista totalment opuesto transmiten desde el sector, que pide la eliminación de esta subida, y lanzan varias razones para ello: Un informe de la consultora Price Waterhouse Cooper`s, a instancias de las patronales Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Aecoc, ACES, Anged, Asedas, Hostelería de España, Marcas de Restauración y Promarca, estima que estarían en peligro 6.156 empleos en España (incluidos el de los 4.000 agricultores que cultivan unas 30.000 hectáreas de remolacha azucarera), y supondría una caída de la facturación de hasta 370 millones de euros. En este sentido, apuntan que serían los hogares con menos renta y las zonas rurales las más castigadas. S e trataría de los 4,7 millones de hogares con menor nivel económico , que según el citado estudio, soportarían el 22% de la recaudación proyectada.

Desde el sector, han recordado que España es deficitaria y consume 1.300.000 toneladas de azúcar. También han añadido que la remolacha terminó en 2017 su reestructuración con el fin de las cuotas de producción y que esta puede ser la gran oportunidad para un sector con fuerte peso en Castilla y Léon y Andalucía. En la primera se sitúan el 70% del cultivo de la remolacha en España y tienen su sede cuatro de las cinco plantas transformadoras de azúcar del país: Olmedo, La Bañeza, Toro y Miranda del Ebro. Estas dan trabajo directo a 1.200 personas e indirecto a 1.500 más. La quinta planta está en Jerez de la Frontera (Cádiz). Las cuatro primeras pertenecen a Azucarera Española y la otra es propiedad de la cooperativa Acor.

Desde la oposición, la portavoz popular en la Comisión de Agricultura Milagros Marcos advierte que este alza afectará también a las frutas, a los zumos o los lácteos y no duda en calificarlo de «impuesto contra las clses medias».

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