El juez vuelve a archivar la pitada al himno en la final de Copa del Rey

Segundo archivo. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha vuelto a dar carpetazo a la investigación penal por la pitada al himno en la final de la Copa del Rey del año pasado, disputada entre el Athletic Club y el Barcelona el 30 de mayo en el estadio Camp Nou.

El magistrado, a quien la Sala de lo Penal obligó a reabrir la causa, considera que ni los clubes implicados ni las asociaciones promotoras pueden (al ser personas jurídicas y no personas físicas) cometer los delitos en juego, de injurias al Rey y de ultraje a los símbolos nacionales, porque así se contempla en el Código Penal.

Incluso aunque se considerase que la masiva y sonora pitada, secundada por la mayoría de los 100.000 asistentes al partido, pudiera ser un delito de incitación al odio, el juez explica que la reforma de la ley que permite imputar a personas jurídicas era anterior a los hechos.

Aun así, el juez deja la puerta abierta a que la investigación siga adelante si la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita algunas diligencias y señala a qué personas físicas se podría investigar, siempre porque así se lo ordenó la Sala de lo Penal, quien tuvo en cuenta el turbulento clima político vivido en estas fechas, razón por lo que consideró que no era comparable a la pitada del año 2009.

El Ministerio Público entiende que la pitada es un claro delito de injurias al Rey al haber sido organizada por la asociación Catalunya Acció, que incitó a la gente a sumarse a través de un manifiesto en Facebook. También aseguró que pudo alterarse el orden público al realizarse en un recinto privado. La Fiscalía es ahora la única acusación del caso.

En el auto, el juez repasa una serie de defectos formales en la apertura de la causa. Andreu asegura que el juzgado de Barcelona que abrió el caso no emitió el auto de admisión a trámite de la querella que presentó Manos Limpias, a quien exige una fianza de 10.000 euros. El magistrado explica que el pseudosindicato no aportó el acuerdo de la junta directiva que aprobaba la presentación querella y que anunció que se dirigía contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, dos defectos que debería subsanar en un plazo de tres días. Algo complicado dado que su secretario, Miguel Bernad, está en la cárcel.