Caza

La mentira de los 50.000 galgos abandonados

Patricia Sierra, galguera y delegada de la Federación Extremeña de caza

Patricia Sierra, con dos de sus galgos

Ysabel Aguirre

Patricia Sierra es tesorera de la Sociedad de Cazadores de San Benito Abad y forma parte de la directiva de la Federación Extremeña de Caza , donde es delegada, primera mujer en desempeñar ambos cargos.

A esta galguera extremeña ya no le sorprende la noticia difundida puntualmente cada año que dice que en España se abandonan 50.000 galgos por temporada, dato falso pero mediático que recibe cumplida cobertura por parte de prensa, radio y televisión, en medios que no se molestan, o a los que no interesa, contrastar esta información. Y lo que más indigna es que se acusa a los cazadores de «desecharlos» cuando ya no sirven para cazar.

Esta cifra redonda y llamativa ha sido inventada por entidades animalistas, para las que cualquier método de ataque al sector cinegético es válido. Para Luis Fernando Villanueva , presidente de la fundación Artemisan, se trata de «una fake news de manual».

Los datos más fiables de los que se dispone provienen del Seprona y hablan de perros de razas de caza en general y apuntan que los abandonados anuales nunca superan los 200. Los galgos que se registraron como abandonados o perdidos en el último año fueron 52, no necesariamente todos vinculados al ámbito de la caza, cifra sin duda alta aunque alejada de los reiterados 50.000.

Por ejemplo, según el Ayuntamiento de Talavera de la Reina , localidad de gran tradición galguera, en febrero de 2019 se recogieron 69 perros, de los cuales tres eran galgos. Otra fuente es la de la Guardia Civil, que habla de unos 100.000 perros abandonados al año, de los que solo un 10 por ciento son razas de caza.

Recuerda Patricia que cifras similares se manejan en el único estudio realizado hasta el momento: el informe anual de Fundación Affinity , que eleva la cifra a algo más de 104.000 en el último año, aunque matiza que el grueso no corresponde al abandono, sino probablemente a animales perdidos, y afirma que el 88,8 por ciento no tendría relación alguna con el sector cinegético. Para Patricia todo este asunto gira alrededor del verdadero problema que afecta al sector, que es el robo de galgos, tanto ejemplares de competición como de los dedicados a la caza.

Robo de ejemplares

Es sabido que existen mafias que roban galgos para aprovecharse de todas las horas que los propietarios dedican al entrenamiento y cuidados de estos atletas y para obtener beneficios mediante apuestas ilegales y la venta de ejemplares, en ocasiones muy valiosos. Evidentemente, estos desalmados están interesados en animales jóvenes; y aunque abandonaran a los que ya no necesitan, se pregunta Patricia: ¿Cómo se explica entonces que muchos de los galgos que figuran como abandonados sean cachorros?

El galgo español es una de las razas más abundantes y un animal demandado como mascota. El hecho de que aparezcan en las redes sociales anuncios de protectoras de animales, nacionales y extranjeras, dispuestas a adoptar cachorros, para esta galguera invita a la reflexión, ya que muchas de estas entidades –algunas de ellas recogen exclusivamente galgos– cobran por las adopciones, amén de los beneficios que obtienen en subvenciones, aportaciones y donaciones. ¿No tendrían estas asociaciones más motivos para fomentar el movimiento ilegal de cachorros que las propias mafias o los galgueros particulares?

Para poner freno en la medida de lo posible al robo y al tráfico ilegal y abandono, la Federación Española de Galgos ha puesto en marcha un libro de registro de orígenes, en el que se recoge el ADN de los perros, al menos de los competidores, con el que se facilitará el detectar los procedentes de un robo o sus descendientes. Patricia propone ampliar estas muestras a todos los galgos ya que, como recuerda, sin caza no hay competición pero sin competición sí hay caza.

Para esta galguera extremeña, un solo caso de abandono o ahorcamiento de un galgo es inadmisible para un colectivo que sin duda quiere y cuida a sus perros, pero también lo es la criminalización que sufre el sector .

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