La Victoria que no llega

Envuelto en la riña política, en el «y tú más» y en la batalla entre administraciones de distinto color, el vertedero de La Victoria continúa anclado en el tiempo, sin terminar de sellar. Como un enfermo contagioso y en estado terminal, el que fuera uno de los cementerios ilegales más grandes de la provincia se mantiene en estado latente a la espera de una solución que no llega. Y precisamente su fin no se produce porque implica que tres administraciones se pongan de acuerdo: Ayuntamiento (quien tiene las competencias), Diputación (por el Consorcio Bahía de Cádiz) y la Delegación Territorial de la Consejería de Medioambiente (que ejerce la labor de control).

Una guerra entre PP y PSOE que en las pasadas semanas libró la última batalla con la petición de los socialistas que fue rechazada por el Pleno de la Diputación para que esta administración financiara el sellado definitivo. De hecho, en la actualidad el vertedero está clausurado y sellado en parte. Sin embargo, como explica Daniel López Marijuán, de Ecologistas en Acción, ahora es necesario el sellado definitivo y la restauración. Un proyecto «complejo» que implica un control más eficiente de la evacuación de lixiviados (líquidos contaminantes que se generan de la descomposición de la basura), la liberación de los gases que se originan con la instalación de chimeneas y el propio proyecto paisajístico. Todo un plan cuya realización es cara «e inasumible para el Ayuntamiento», como valora López Marijuán.

Peligros

De momento, el Consistorio, a través de Chiclana Natural, tiene controlada tanto la evacuación de lixiviados como la vigilancia de la zona. Sin embargo, el ecologista resalta la trascendencia y la necesidad de dar una solución definitiva a La Victoria. «Un vertedero en esa situación es muy complejo, es como si fuera un reactor químico», reconoce mientras añade el riesgo de que algún agente contaminante incontrolado (como pueden ser filtraciones) acaben en el río Iro. En cualquier caso, matiza que «no es una situación de alarma social».

En toda esta situación y ante un proyecto inasumible económicamente, el Ayuntamiento intentó tramitar una prórroga de siete años más (dos años para buscar financiación al proyecto y otro de cinco años para ejecutarlo) que la Consejería rechazó al considerar que ya «se ha pulverizado todos los plazos razonables que la Junta le ha otorgado» ya que el sellado definitivo «debería haber estado realizado en 2011. Por todo ello, además ha procedido a sancionar al Ayuntamiento por «una infracción grave» al desatender su obligación con los plazos.

En este contexto, López Marijuán considera que la actitud de la Junta «es un castigo político» ya que «le ha negado el pan y la sal al Ayuntamiento». «Es este un caso inédito, que yo conozca este es el único caso en el que la Consejería se ha negado a financiar un proyecto de sellado que sí ha realizado en otros lugares de Andalucía», reconoce el miembro de Ecologistas en Acción.

Por su parte, la Delegación de Medioambiente reconoció a este medio que deja la puerta «para que entre el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación sigamos estudiando las mejores soluciones posibles para solucionar este problema». Sin embargo, también recordó que el Ayuntamiento no llegó a presentar el faseado del proyecto y que es él el que «debe presentar alternativas viables técnica y económicamente para el sellado definitivo del vertedero, pero las soluciones no pueden demorarse porque el sellado definitivo de este vertedero acumula ya un retraso inasumible». Y en eso, al menos, parece que todos están de acuerdo.