El PP exige la disolución del pleno de la Mancomunidad por ser ilegal

Plenos de última hora para cambiar a los representantes municipales y muchos movimientos sobre posibles pactos. Esas fueron las condiciones en las que se constituyó la Junta General de la Mancomunidad de la Sierra en enero de 2012, terminando todo con el nombramiento de la regidora de Alcalá del Valle, Dolores Caballero (IU), como presidenta, y con un pacto de gobierno entre PSOE e IU. El tema pasó pero ahora el PP ha solicitado que se disuelva el órgano de dirección de esta institución por haberse declarado el pleno constituyente como «ilegal».

El secretario provincial de los populares, Antonio Saldaña, y el portavoz del grupo en la Mancomunidad, José Luis Núñez, presentaron ayer por registro una carta para pedir a la presidenta que proceda a la disolución, para lo que estuvieron arropados por otros compañeros del partido en la comarca. El recurso se basa en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jerez que ha declarado nulo el acuerdo plenario de Bornos donde se designó al socialista Juan Sevillano representante de la localidad en el ente supramunicipal.

Para Saldaña, esto pone de manifiesto «el frente social-comunista que el PSOE e IU han realizado para tapar a toda costa la mala gestión socialista al frente de la Mancomunidad en la etapa anterior». Además, recordó que la denuncia se motivó por la forma en la que se convocó el pleno extraordinario, durante el que se cambió al representante. Aseguran que Sevillano convocó a los asistentes «mediante un mensaje de móvil el 1 de enero para asistir a un pleno municipal que se celebró el día 2 y después votar a favor de PSOE e IU el día 3 en Mancomunidad».

Con esto, en junio de 2012 se emitió un auto, el 207/12, en el que se solicitaba que se adoptaran medidas cautelares y se suspendiera el acto por el que se había designado a Sevillano respresentante de Bornos en la Mancomunidad, sustituyendo a Fernando García (PP). Pero en vez de acatar el auto, asevera el dirigente popular, lo que hacen es, el 19 de julio de 2012, convocar un nuevo pleno en contra de la suspensión. Ese procedimiento ha continuado y, recientemente, el 13 de febrero, se sentenció que ese acto fue nulo y, por tanto, no se ha designado de manera correcta al representante de Bornos.

Disolución

Dada la situación, el dirigente popular solicita a la presidenta de la Mancomunidad que actúe «en consecuencia con lo que dice la Ley» y disuelva el pleno «con independencia de las consecuencias jurídicas que se puedan derivar por todos los acuerdos que se han adoptado desde esta constitución». No obstante, destacó que si no se actúa de esta forma «exigiremos que se ejecute la sentencia y pondremos en conocimiento de la Justicia la omisión de responsabilidades y el posible delito de desobediencia».